La polémica de las pensiones en el Estado francés, que ha motivado multitudinarias manifestaciones contra el retraso de la edad de jubilación, comenzó ayer a ser debatida en el Senado, en la recta final para su aprobación. La llegada a la Cámara Alta del proyecto se produjo tres días después de la última manifestación contra el texto que, según los sindicatos, reunió el sábado a tres millones de personas.

El debate se produce, además, a una semana de una nueva jornada de protesta, la séptima en lo que va de año en un creciente pulso de los sindicatos contra la que el presidente, Nicolas Sarkozy, considera la medida estrella de su mandato.

Huelgas indefinidas

Entre las centrales sindicales del Estado francés comienza a tomar cuerpo la idea de radicalizar el movimiento en forma de huelgas indefinidas en las empresas, una táctica que ya les dio resultado en 1995 y que, piensan, puede ser la única alternativa que les queda. El primer ministro, François Fillon, afirmó, por contra, que el corazón de la reforma no cambiará aunque dejó abierta la puerta a modificaciones del texto, sin tocar el retraso de la edad mínima de jubilación hasta los 62 años y hasta los 67 el derecho a la pensión completa.

En este sentido, el ministro de Trabajo, Eric Woerth, responsable de defender el texto entre los senadores, afirmó ayer que el Ejecutivo está abierto a «progresar hacia más justicia», una alusión a recibir algunas propuestas de los centristas, como ciertas medidas a favor de las mujeres, según informó Efe.

Los aliados centristas de Sarkozy, que se opusieron a la reforma en la cámara de diputados, donde la mayoría de la UMP es absoluta, son necesarios para hacer avanzar la reforma en el Senado, por lo que serán necesarias concesiones. El Partido Socialista, por su parte, ha pedido en el Senado que se celebre un referéndum sobre la reforma.