Sector financiero y deuda pública
El FMI aconseja mantener el apoyo al sector bancario
El FMI advirtió ayer de que el riesgo en los mercados de los países ricos ha aumentado desde abril y aseguró que el sistema financiero es el «talón de Aquiles» de la recuperación económica, sobre todo por el próximo vencimiento de la deuda billonaria que atesoran los bancos. Su receta sigue sien- do la ayuda a los bancos para su recapitalización y reconoce que la intervención estatal ha traspasado el riesgo del sector privado al público.
GARA | WASHINGTON
El FMI indicó en su informe «Estabilidad financiera global» que el empeoramiento del riesgo de los mercados en los países ricos desde la publicación de su último estudio hace seis meses obedece, fundamentalmente, a la crisis de deuda soberana en Europa. El FMI alabó las actuaciones de los legisladores en ese frente, que ayudó, dijo, a estabilizar los mercados crediticios y a reducir el riesgo, aunque precisó que todavía existen «incertidumbres significativas».
Destacó que en el actual contexto es imprescindible implementar reformas que aseguren la viabilidad del sistema financiero y apuntalen la incipiente recuperación. Entre las medidas sugeridas figura la recapitalización de los bancos y mayores avances en la reforma de las regulaciones en línea con las mejoras propuestas en el marco de Basilea III, acuerdo sobre las normas para aumentar la solvencia de las entidades financieras.
El FMI destaca en su análisis que Europa se ha convertido en el principal foco de inestabilidad y que los riesgos de la deuda soberana siguen siendo altos.
Eso obedece, según el organismo, a que los mercados siguen preocupados por los elevados niveles de deuda pública, los riesgos planteados por los vencimientos de la deuda y la estrecha conexión entre la deuda pública y el sector bancario.
El Fondo destacó que las necesidades de capital «aparentemente modestas» de los bancos estadounidenses no hacen más que poner de manifiesto el tamaño de la intervención gubernamental sin la cual las aportaciones de capital habrían tenido que ser, aseguró, significativamente más altas. Esa situación, señala el informe del FMI, revela hasta qué medida el riesgo se ha transferido de los balances privados a los públicos.
Por lo demás, el organismo menciona en su informe que las rebajas contables en los balances bancarios entre 2007 y 2010 serán ligeramente inferiores a lo previsto en abril y alcanzarán los 2,2 billones de dólares en lugar de los 2,3 billones previstos inicialmente.
Vencen 4 billones de dólares
El Fondo valora como positivo el que más de tres cuartas partes de los bancos afectados ya han realizado esas rebajas en sus cuentas y queda pendiente una cantidad «residual» de 550.000 millones de dólares.
Al FMI le preocupa sobre todo que en los próximos 24 meses la banca global afronta «inminentes presiones» ya que necesitarán refinanciar unos cuatro billones de dólares en deuda. Por eso, no ve aún el tiempo de retirar las ayudas a la banca. Recomendó a los gobiernos que planeen «cuidadosamente» la retirada de sus programas de apoyo al sector y aconsejó reestructurar cuanto antes las entidades más débiles para que los mercados de financiación regresen a la normalidad.
El FMI aconsejó fortalecer los balances de deuda soberana con la puesta en marcha de «medidas creíbles» para adentrarse en «un camino fiscal sostenible» y finalizar el proceso de reforma de las regulaciones.
En el caso del Estado español, aseguró que está haciendo las cosas «muy bien» en el ámbito de la estabilidad financiera, y señaló que el principal asunto pendiente, la reestructuración de las cajas, «avanza a buena velocidad».
La Comisión Europea también reiteró su disposición a mantener las ayudas a la banca. El comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, confirmó que Bruselas seguirá autorizando que los gobiernos den ayudas a entidades financieras y empresas a lo largo de 2011, al considerar que persistirán sus dificultades debido a la crisis. Almunia, que explicó sus planes en el Parlamento Europeo, dejó claro que tiene previsto extender el marco provisional de ayudas de Estado, puesto en marcha en 2008 para permitir que los estados miembros subvencionasen a sus bancos, aunque las condiciones serán más exigentes.
En cambio, la Comisión recortará las ayudas para las pequeñas y medianas empresas. Planea eliminar las ayudas de 500.000 euros sin concesiones que los estados miembros pueden dar a las pymes, pues se considera que la combinación de este apoyo con otros ha dado pie a un volumen «demasiado grande» en el caso de algunas compañías.
Mientras, la Comisión seguirá autorizando otras fórmulas como préstamos y garantías por considerar que las pymes «todavía no tienen un acceso normal al crédito».
A pesar de que las ayudas van a continuar a lo largo del próximo año, Almunia reconoció que 2011 debe ser «un año de inflexión», en el que la «utilización amplísima de recursos públicos» de los últimos dos años no podrá continuar y en el que será necesario acelerar las reformas para impulsar el crecimiento. «Para recuperarse de la crisis no basta con políticas de ajuste», advirtió. En principio, la Comisión Europea restablecerá a partir de 2012 las reglas habituales sobre ayudas de Estado, aunque Almunia aclaró que la retirada del marco que autoriza los subsidios es una «decisión política» y podría mantenerse en función de la evolución de la situación.
El Santander pide el fin
Curiosamente, el principal banco español, el Banco Santander, reclamó ayer en Bruselas avanzar hacia el final de las ayudas públicas a los bancos y entidades financieras para acabar con la «distorsión» que a su juicio están provocando en el mercado. El Santander se muestra preocupado porque las ayudas públicas han permitido sobrevivir a la competencia y obstaculizado una mayor expansión de su grupo a costa de las entidades socorridas. «Hay que pensar ya en volver a la normalidad. Cuanto más duren las ayudas, mayor será la distorsión», consideró el vicesecretario general y del consejo de administración del Santander, Jaime Pérez Renovales.
El banco español considera que algunos de sus competidores han obtenido una ventaja gracias a las ayudas públicas y criticó que el marco fijado por Bruselas para permitir esos apoyos no se haya aplicado siempre de forma estricta.
En concreto, Pérez Renovales defendió que las entidades que han recibido ayudas no deberían repartir dividendos, ni ganar cuota de mercado y, en ciertos casos, deberían haber facilitado el acceso a sus competidores, algo que, a su juicio, no siempre ha ocurrido.
En oposición a las reclamaciones del Santander, el grupo ING -que necesitó asistencia del Estado holandés- pidió la continuidad del marco temporal que permite las ayudas al considerar que la situación del sector financiero aún es frágil. Uno de los estados donde el rescate bancario está golpeando más duro a su estabilidad financiera es Irlanda. Ayer, la agencia de medición de riesgos Moody's puso bajo vigilancia, con posibilidad de rebaja, la deuda soberana de Irlanda, que en la actualidad mantiene una calificación de «Aa2».
La medida, según la agencia, responde al alto coste del rescate gubernamental al sistema bancario nacional, que podría llegar a los 50.000 millones de euros, la «debilidad» de la economía en general y las escasas perspectivas de crecimiento.
Moody's recordó que la factura final para el Estado irlandés por el rescate de los bancos elevará su déficit público -el más alto de la Unión Europea- durante 2010 hasta el 32% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que, en conjunto, incrementará su deuda «y agravará su posibilidad de acceso a los mercados de deuda», indicó la agencia.
La agencia de medición de riesgos Moody's situó la actual calificación de «Aaa» de la CAV, y de Gipuzkoa y Bizkaia en situación de «revisión para posible bajada de calificación». Esta agencia, que prevé concluir esta revisión en tres meses, indicó que «la perspectiva del `rating' de estas tres entidades ya era negativa como consecuencia del rápido deterioro registrado por el presupuesto corriente y los indicadores de deuda de la Comunidad Autónoma y las dos provincias en 2009 y 2010». «La revisión para bajada refleja la expectativa de Moody's de un crecimiento económico lento de España a medio plazo y el consiguiente impacto en la base fiscal del País Vasco, que probablemente sufrirá las mismas tensiones experimentadas por otras regiones españolas», continuó la agencia en su comunicado. Moody's considera previsible que «este adverso entorno mantenga altos los déficit de financiación y produzca un aumento sostenido de los niveles de deuda de las entidades vascas en los próximos años, lo que agravará el alcance de las medidas necesarias para estabilizar la trayectoria de la deuda».
Moody's indicó que en los tres próximos meses seguirá atentamente la ejecución presupuestaria de 2010 de los gobiernos autonómico y locales de la CAV, así como las trayectorias de la deuda previstas en los presupuestos de 2011, a fin de evaluar el impacto en su endeudamiento. Moody's se centrará en las medidas de recorte del gasto, ya que para mantener sus ratings de «Aaa» exige a estas instituciones aún mayores ajustes presupuestarios. GARA
Los representantes de la zona euro fallaron ayer al intentar convencer a las autoridades chinas para que aprecien su moneda con el objetivo de reducir los desequilibrios comerciales con Europa y contribuir a la recuperación económica europea.
El primer ministro británico, David Cameron, aseguró que la no pertenencia de Gran Bretaña al euro ha permitido a la economía de este país mantenerse fuera de «la zona de peligro» que ha afectado a varios países europeos, como el caso irlandés.
El Banco de Japón bajó ayer los tipos virtualmente a un rango entre el 0% y el 0,1%, en un movimiento inesperado y sin fecha de finalización que intenta apuntalar la recuperación económica y contrarrestar la persistente deflación nipona.
La recuperación económica se situó en su nivel mínimo en siete meses a final del tercer trimestre y se contrajo en el Estado español y en Irlanda, según el índice PMI publicado ayer por la empresa de información financiera Markit. Según explica el mismo índice, la actividad total de la zona euro se situó en el nivel 54,1 en setiembre, lo que supone un fuerte descenso respecto al nivel del 56,2 registrado en agosto. Por lo que respecta a la actividad comercial del sector servicios, en setiembre aumentó al ritmo más lento desde marzo pasado, si bien ha superado ligeramente al sector manufacturero por primera vez en quince meses.
Según Markit, la expansión del sector privado europeo de servicios se ha moderado y ha pasado de una tasa trimestral del 1% a principios de año a otra comprendida entre el 0,6% y el 0,7%.
Mientras que Italia y el Estado español registraron contracciones en agosto, en el francés se produjo la expansión más rápida de la actividad comercial en setiembre, seguida por Alemania, si bien el ritmo de crecimiento se atenuó hasta su mínimo en seis meses, y en Italia ha tenido lugar «un modesto incremento» de la actividad. Así, Markit indicó que la recuperación parece «cada vez más asimétrica y depende demasiado» del Estado francés y Alemania.
Por otra parte, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aseguró ayer que en el tercer trimestre la economía española no tuvo el mismo empuje que en los tres meses anteriores, cuando avanzó el 0,2%, e incluso admitió la posibilidad de que haya retrocedido. Además sugirió al Gobierno del PSOE que tenga un plan alternativo en el caso de que no se cumpla el objetivo económico previsto para 2011, lo que dificultaría la reducción del déficit. Durante su intervención en el Congreso, Fernández Ordóñez apostó por que este «plan B» refuerce los recortes presupuestarios en las comunidades autónomas y en las entidades locales.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, discrepó con el gobernador al decir que no hace falta tener preparado un plan B por si no se logra la reducción del déficit, ya su Ejecutivo confía en que sí se cumplirá ese objetivo. GARA
El primer ministro ruso, Vladimir Putin, adelantó ayer que el Estado ruso podría reducir su presencia en las grandes corporaciones en el marco del nuevo programa de privatización de empresas públicas, como el anunciado por su ministro de Finanzas.
