Hiru, el sindicato de transportistas autónomos de Euskal Herria, informó ayer de que próximamente presentará alegaciones contra el anteproyecto de norma foral sobre peajes a transportistas impulsado por la Diputación de Gipuzkoa por considerarlo «absolutamente discriminatorio porque se dirige a una parte muy específica de los usuarios de las carreteras». En este sentido, la miembro del sindicato Estitxu Ugarte censuró que la norma señala al trasporte público de mercancías por carretera «como único responsable del deterioro de las carreteras, de la congestión y de la contaminación ambiental y acústica y obvia las consecuencias que tiene sobre las infraestructuras de la provincia el aumento de la movilidad motorizada de los vehículos privados».

Ugarte recordó que en la actualidad los transportistas autónomos ya pagan por el uso de las infraestructuras. De hecho, afirmó que por cada litro de gasoil que consumen el 58,6% son impuestos que recauda la Hacienda guipuzcoana. Así, afirmó que en 2008 sólo por el impuesto de hidrocarburos Gipuzkoa recaudó 280,61 millones de euros y 294,37 millones en 2009. Por ello, en referencia al último estudio elaborado por la Diputación que determina que la institución gasta al año 130 millones de euros en la conservación de las infraestructuras preguntó «¿donde están el resto de millones?».

Por otra parte, Hiru también informó de que ha presentado un recurso en el Tribunal de Justicia del País Vasco contra el cobro del Segundo Cinturón de Donostia porque «creemos que es ilegal», afirmó Esteban Muruamendiaraz. Los peajes situados en las inmediaciones de dicha carretera, inaugurada recientemente, se han incrementado, haciendo pagar a todos los conductores independientemente de que lo usen o no. Por ello, «si quieren cobrar tendrán que tomar medidas para que pague el que lo use», dijo Muruamendiaraz.

«Directiva euroviñeta»

En Europa, los ministros de Transporte de los Veintisiete tratarán de alcanzar hoy un acuerdo político sobre la norma que permitirá aumentar los peajes para los camiones mediante la denominada «directiva euroviñeta» que perjudicaría especialmente a los países periféricos, como el Estado español, Portugal, Grecia o Italia.