No nos acostumbramos a esta deriva antidemocrática. Existe una élite política que hace y deshace en los asuntos públicos y que no quiere dar cuentas a nadie. ¿Alguien conoce lo que supuestamente el Gobierno Vasco tenía acordado con Zapatero sobre la transferencia de empleo? No. Pues bien, el contenido del acuerdo entre PNV y PSOE estuvo temporalmente en la página web de La Moncloa «por error» y ya se ha eliminado. Tampoco quieren los responsables de esa negociación dar información veraz. Deciden solos y ocultan el contenido para evitar el juicio crítico. Esperpéntico.

El PNV dice que este acuerdo es previo al debate de los presupuestos de 2011. Nada más lejos de la realidad. El documento lo deja claro al señalar que «en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado han llegado al siguiente acuerdo, que se incorporará en los términos aquí firmados al documento definitivo que contenga el conjunto de los acuerdos presupuestarios».

Es decir, el acuerdo está totalmente relacionado con el visto bueno a los presupuestos del año que viene. Se supedita el «supuesto» cumplimiento del Estatuto en esta materia a que el PNV sea el socio necesario para aprobar todas las políticas de ajuste que el Gobierno español está llevando a cabo y las que pretende imponer en el futuro. Ni más ni menos que los ajustes más duros desde el inicio de la transición. ¿Quién gana con esto? Sin duda ninguna Zapatero. Zapatero y las políticas de derechas.

Tampoco nos queremos acostumbrar a que en los medios de comunicación mayoritarios (públicos y privados) se oculten los análisis rigurosos y las opiniones críticas. Eso ha vuelto a ocurrir en esta ocasión.

El resto del contenido del acuerdo supone una grave renuncia a la posición política que se mantenía para defender una política propia de empleo:

La capacidad de decisión sobre esas políticas activas de empleo no se traspasa, sigue estando en manos del Gobierno español.

Dejación y déficit en materia de financiación: se renuncia a la gestión de las cotizaciones sociales relacionadas con el empleo y la formación (rompiendo así el principio básico del Concierto Económico y asumiendo una pérdida de recursos). Además, el Gobierno Vasco va a perder mucho dinero en la gestión de las bonificaciones de las cuotas a las empresas, sin poder decidir nada sobre las bonificaciones. El «negocio», económicamente, tiene un resultado desastroso.

Acepta, además, que las políticas pasivas (cotizaciones y prestaciones por desempleo) sigan en manos del Gobierno español, aceptando la imposibilidad de gestionar las políticas de empleo de manera integral.

Pues bien, lo anterior, extraído del texto publicado por La Moncloa, tiene un significado: el acuerdo es malo y perjudicial para los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la CAPV. Se va a cambiar el logo de quien aplica unas políticas que se van a seguir decidiendo por quienes han llevado al Estado español a ser líderes europeos en paro, precariedad y siniestralidad laboral. A quienes han convertido las políticas de empleo en una perversión el desempleo no les importa y a quienes dejan de exigir poder hacer aquí algo diferente tampoco.

Esta secuencia de hechos es un nuevo ejemplo de por qué ELA hace años dio por muerto el Estatuto. El Estado, desde entonces, ha profundizado en la centralización de las políticas de empleo, ha utilizado las leyes de bases para obligar a todas las administraciones a aplicar las políticas que se deciden en Madrid y se ha mantenido firme en negar que las cotizaciones sociales estén en manos de las instituciones vascas.

Esta visión neocentralista del Estado español -que ahora dirige el PSOE- sólo es compatible con la renuncia a la posición política, que es lo que se ha hecho: dejar de lado las demandas que gobiernos anteriores decían defender.

ELA, por la importancia de la materia, va a exigir que esas competencias en plenitud estén en manos de las instituciones vascas; va a defender el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social convencida que así da respuesta a las necesidades de los y las trabajadores vascos. En relación a la reivindicación de ese marco, este acuerdo es un verdadero retroceso que no se podrá justificar en modo alguno en nombre del sindicalismo abertzale, al que premeditadamente se le ha dejado al margen de todo.