La sección sindical de LAB de la Administración General dependiente del Gobierno de Lakua ha llamado a los trabajadores y empleados a rechazar «las políticas neoliberales» que está aplicando el Gobierno de Patxi López, como antes aplicaron quienes compartieron cargos en anteriores gobiernos, porque «reduce el gasto social, cuando debería apoyar a las clases desfavorecidas, y porque fomenta el recorte de derechos de los trabajadores y la privatización en el sector público».

La central sindical sitúa en el Tratado de Maastricht (1993) ese cambio de rumbo contra los más desfavorecidos y contra los empleados públicos con el inicio de las reformas presupuestarias para la disminución progresiva del gasto social y la agilización de las privatizaciones del sector público.

LAB recuerda que el gasto social que debiera apoyar a quienes se encuentran en la exclusión o la pobreza ha pasado de representar el 24% del PIB en 1993 al 18% en 2010. Ese descenso ha sido mucho menor en la Unión Europea, porque se ha reducido del 28,8% al 27%.

En esa vía de recortes, los representantes sindicales en la Administración General dependiente del Gobierno de Lakua recuerdan que entre las décadas de 1990 y 2000 sólo ha habido dos Ofertas Públicas de Empleo (OPE). De esta manera, «más del 34% del personal es interino, sin ningún derecho ni estabilidad consolidados, ya que pueden rescindir su contrato mediante la amortización de la plaza que ocupa, o por reajustes como los actuales, en los que prácticamente se suprimen todas las sustituciones de la Administración General». La consecuencia de esa decisión es «un constante aumento de la carga de trabajo en el personal ocupado -funcionarios de carrera e interinos- y una situación de ansiedad y desgaste psicológico creciente entre ese personal en situación laboral de interinidad -algunos con más de 20 años de antigüedad- por la precariedad permanente que sufren».

Mientras se ha producido ese aumento de la precariedad laboral, las privatizaciones de los servicios públicos se han multiplicado y, entre otros citan, que Sanidad, a través de Osakidetza, «subcontrata más del 20% del presupuesto que ejecuta».

LAB denuncia, en este caso, que «tienen mucha prisa» por llevar adelante las privatizaciones porque «cuentan con menos ingresos que en 2006, con una deuda para con el Estado (Cupo) creciente y con un compromiso de gastos (como el TAV) que desborda todas sus previsiones». Es por ello que tras reducir un 5% el sueldo de los trabajadores del sector público y de haber iniciado una amortización de puestos de trabajo, «que van más de 100», y tras congelar las sustituciones, Función Pública, el viceconsejero de Administración Pública «ha iniciado una campaña mediática para convencer a la opinión pública de que el personal que trabaja en la Administración somos parásitos». Para LAB, esta campaña de descrédito es «la antesala de un recorte aún mayor de gasto público que no va a afectar únicamente a las trabajadoras y trabajadores sino al Estado de Bienestar y a toda la sociedad vasca, destinataria de unos servicios públicos cada vez más deficientes que excluirán de forma progresiva a la población con menos recursos».

Ante esta situación, la central sindical afirma que «debemos luchar por la defensa de nuestros derechos, cuando se nos imponen unilateralmente materias que se hurtan a la negociación colectiva y además su responsable de personal nos insulta pero también somos usuarios de lo público y pagamos impuestos con los que se van a financiar la crisis bancaria u obras faraónicas innecesarias».