El 14 de noviembre de 2004, Batasuna presentó en el velódromo de Anoeta y «con una rama de olivo en la mano» su oferta para la superación del conflicto. Una propuesta que está en la base del proceso negociador habido entre ETA y el Gobierno español y entre Batasuna y el PSOE entre 2005 y 2007. Por aquel acto van a ser juzgados en la Audiencia Nacional española Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez, para quienes piden 18 meses de prisión y 12 años de inhabilitación por «enaltecimiento del terrorismo».

Y ha saltado el escándalo. Pero no porque tres dirigentes políticos se enfrenten a una petición de cárcel e inhabilitación por presentar una propuesta de paz, sino porque entre los testigos de la defensa se encuentra el presidente del PSE, Jesús Eguiguren.

La noria político-mediática carece de cordura, pero su estado empeora cada vez que se abre la posibilidad de ir dando solución al conflicto. Entonces, al nacionalismo español se le dispara la adrenalina y empieza a conducir a 200 km/h en dirección contraria a la razón.

Cuando se supo que Eguiguren debe acudir como testigo al juicio, los micrófonos corrieron a buscar reacciones como si hubiera una noticia importante.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró que «pasan cosas» que «preocupan mucho». Dijo no saber que haya una negociación del Gobierno con ETA, pero por si acaso dejó caer que «lo parece». Y concluyó esperando que, «si Eguiguren finalmente acude como testigo de un personaje como Otegi, no sea para beneficiarle». A los testigos les preguntan y contestan con la obligación de decir la verdad. ¿Qué pide González Pons?

Una ex compañera de partido del presidente del PSE, Rosa Díez, no se quiso quedar por detrás del PP y en el arrebato perdió hasta la laicidad que UPyD reivindica en sus principios. «No tiene perdón de Dios que Eguiguren sea el defensor de Otegi», clamó. Y el eco repitió el «¡a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre!» de Scarlett O'Hara en «Lo que el viento se llevó».

También a Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT y madre de una joven muerta en los atentados del 11-M, le preguntaron sobre la cuestión y se consideró en condiciones de aseverar que, «si el Gobierno consiente que Eguiguren vaya a defender a un terrorista o cómplice de terroristas, quedará retratado».

Los sindicatos policiales SUP y CEP también se han cabreado y llaman a Eguiguren «correveidile» de Batasuna.

Todos estos adictos al follón gratuito debieran reconocer, antes de hablar, que la citación como testigo de Eguiguren se acompaña, como las demás, de la advertencia del tribunal de que «su asistencia es obligatoria, bajo apercibimiento de que de no verificarlo puede ser sancionado como delito, conforme al artículo 463 del Código Penal, que prevé penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses».

En cualquier caso, será interesante escuchar en el juicio al hombre que en aquel noviembre de 2004 llevaba ya varios años de contactos secretos con Otegi. Como dice el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, Eguiguren «tiene información de la que carece el común de los mortales», por lo que puede prestar un «testimonio muy valioso» para «iluminar» a los magistrados de la Audiencia Nacional.

Negación de excarcelación

El nuevo juicio contra Otegi -al que acompañarán en el banquillo de los acusados Permach y Álvarez- llega en un momento en el que cada vez son más amplias y diversas las voces que se preguntan «qué co...(piiii) hace el líder independentista en la cárcel acusado de integración en banda armada». Incluso algunos que hicieron coros a Alfredo Pérez Rubalcaba cuando hace un año se ordenó la detención de dirigentes independentistas, dicen ahora que aquellos encarcelamientos fueron un error.

La defensa había solicitado esta misma semana la puesta en libertad de Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta porque «el devenir de los acontecimientos» ha demostrado lo incierto de las acusaciones que pesan sobre ellos. Pero el Ministerio Fiscal ya se ha pronunciado en contra de las excarcelaciones, alegando que eso es «una circunstancia ajena al devenir procesal».

El fiscal Vicente González-Mota alude, además, a que Otegi podría quebrantar las medidas cautelares, puesto que reconoció haber cruzado el Bidasoa cuando tenía prohibido «salir de territorio nacional». No recoge, sin embargo, que igual que salió volvió a entrar.

La decisión está en manos de los jueces, pero la que se ha montado con lo de Eguiguren seguro que es un buen antídoto para que ni se les ocurra hacer justicia.