La proposición de ley pretendía inicialmente crear un registro de objetores a practicar abortos y otro de profesionales disponibles, al tiempo que precisaba qué profesionales eran los afectados. Sin embargo, varias enmiendas de NaBai eliminaron el segundo registro ante las dudas que había suscitado entre los propios sanitarios y dejó abierto quiénes podrán ser los objetores con la expresión de personal «directamente implicado» en la interrupción de un embarazo.

María Chivite (PSN) defendió la propuesta diciendo que la creación de este registro por ley pretende garantizar el acceso de las mujeres a la prestación y la calidad de ésta, así como facilitar al Gobierno la organización de los recursos sanitarios y reconocer a los profesiones un derecho «individual» a la objeción de conciencia, que deberán manifestar de forma «anticipada y por escrito» y tendrá carácter «voluntario y confidencial».

En este mismo sentido, Asun Fernández de Garaialde (NaBai) recordó que ley del aborto aprobada en marzo por el Congreso español busca garantizar un derecho y el acceso a la prestación en condiciones de igualdad, pero denunció que en Nafarroa hay «un continuo incumplimiento de la ley por las convicciones de UPN y su Gobierno». Garaialde calificó esta actitud de «inadmisible» y criticó que, frente a ello, «el Estado tampoco está haciendo nada».

Aunque la declaración de objeción es «un procedimiento administrativo», la portavoz de NaBai puntualizó que en Nafarroa es la actitud del Gobierno de UPN la que «obliga» a regularlo por ley.

Opinión y obligación

Ana Figueras (IUN) también criticó al gabinete de Miguel Sanz por considerar «inconcebible» que las mujeres navarras no puedan abortar en su propia comunidad debido a que el Gobierno «prima de manera sectaria su opinión ideológica a la obligación que tiene de cumplir la ley y prestar esta atención sanitaria».

Tras negar, como argumenta el Ejecutivo de UPN, que todos los profesionales son objetores de conciencia, porque «no es cierto», Figueras aseguró que «no hay voluntad política» de cumplir la ley y añadió que, «por muchos votos que este Gobierno haya tenido, lo cierto es que no quiere que la ciudadanía tenga derechos».

Por el contrario, Javier Marcotegui (UPN) y José Andrés Burguete (CDN) aseguraron que el Gobierno de Sanz cumple la ley y actúa como otras comunidades al derivar a las mujeres que van a abortar a clínicas privadas, y explicaron que lo hacen fuera de Nafarroa porque en este herrialde «no hay ninguna».

Marcotegui y Burguete coincidieron en que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que se puede invocar sin contar con una ley específica, pero la vieron necesaria para «evitar conflictos». Además, dijeron que debe ser de ámbito estatal, tal y como ha pedido el Consejo de Europa a los estados miembros.

El portavoz de UPN advirtió de que «ningún registro, ninguno, garantiza en un momento determinado que se facilite la atención sanitaria», y aseguró que la ley foral es «papel mojado» para el objetivo que pretende. Burguete añadió que a la realización de abortos se dedican «importantes cantidades» de dinero, con las que «se tendría que atender la prevención de embarazos no deseados».