El sectarismo del Gobierno de UPN ha logrado convertir la cuestión del aborto en todo un laberinto plagado de absurdos. Hace tiempo inventó, por ejemplo, la emigración subvencionada, que hace que las navarras realicen la interrupción voluntaria del embarazo fuera del herrialde, imponiendo así un plus de incomodidad y sufrimiento a una situación ya de por sí muy difícil. Tras varios intentos frustrados de imponerle a través de una ley -navarra- lo que ya está establecido por ley -estatal-, el Parlamento navarro aprobaba ayer una última fórmula rebuscada y con efectos prácticos tan inciertos como los anteriores: la implantación de un registro de profesionales objetores al aborto. No es difícil vaticinar que quien se declara insumiso a la ley también se declarará insumiso a inscribirse en un registro.

En el camino quedan otras propuestas aún más estrambóticas, como que el registro fuera para los profesionales dispuestos a practicar abortos, o sea, a cumplir la ley y a respetar el derecho. La fórmula aprobada permite al menos que quienes tengan que retratarse sean quienes crean el problema. Pero su solución final sigue estando lejos.