El juicio por torturas contra 15 guardias civiles por maltratos a Igor Portu y Mattin Sarasola quedó ayer visto para sentencia. Fiscal y acusación particular demostraron a través de los tickets de los peajes de la autopista la falsedad de los testimonios de los agentes. Los abogados defensores trataron de recomponerse ideando una versión para encajar de alguna forma el recorrido de los Patrol de la Guardia Civil con el registro de los peajes de Arrasate y Zarautz. El juez no ha dado pistas sobre cuando emitirá el fallo.

Más allá de las pruebas, ayer fue Amaia Izko la que argumentó no sólo la realidad de la existencia de torturas en el caso de Portu y Sarasola, cuya evidencia reflejan tanto las fotografías como el informe de los forenses que les atendieron, sino también su finalidad. La abogada echó por tierra la tesis fundamental de la defensa, que asegura que se trata de declaraciones pactadas. «¿Alguien puede creerse que Sarasola va contar a esos agentes que considera sus enemigos las acciones en las que planea participar, asumiendo con ello hechos gravísimos y enormes penas que, en su caso, se tradujeron en más de 300 años de cárcel?», se preguntó la abogada. En consecuencia, Izko sostiene que se torturó a ambos militantes vascos con el objetivo de obtener información. Sólo así se entiende que Sarasola delatara a su jefes y a sus compañeros e indicara el lugar donde se encontraban zulos con armas y explosivos. «¿Alguien se puede creer que todo esto se trate, como insinúa la defensa, de una declaración falsa pactada entre ambos detenidos con el único objetivo de presentar después una denuncia por torturas a los agentes que participaron en su detención?». La letrada planteó la cuestión sobre quién ha demostrado durante el juicio una estrategia falsa, si Portu y Sarasola o la Guardia Civil.

La abogada subrayó la excepcionalidad del caso. Afirmó que esta vez hay pruebas, pero que otras muchas no «porque la incomunicación dificulta el poder saber qué es lo que ocurre con los detenidos, así como la obtención de elementos probatorios». Ante esta indefinición, esta falta de capacidad para discernir qué agentes participaron en cada momento, la acusación particular se ratificó en su petición de seis años de cárcel para cada agente por un delito de torturas «brutales, con maltrato físico y verbal mantenido durante el tiempo». Asimismo, imputa un delito de daños por lesiones a los guardias que asumieron haber custodiado o detenido a Portu, mientras que a quienes estuvieron a cargo de Sarasola se les acusa de una falta de lesiones. Para el sargento Casas, como responsable del operativo, reclama 17 años.

Por su parte, el fiscal jefe de Gipuzkoa, Jaime Goyena, que sólo pide cárcel para cuatro de los agentes, se centró ayer en valorar las pruebas para demostrar que los testimonios de Portu y Sarasola se ajustan a la verdad. Goyena expuso cómo los tickets de los peajes de Arrasate y Zarautz desmienten la versión ofrecida hasta ayer por los guardias civiles acusados. Los agentes habían asegurado que, inmediatamente después de la detención, enviaron a Intxaurrondo a los dos lesakarras en dos coches camuflados, ya que habían recibido la orden de trasladarlos «con urgencia» al cuartel. Mientras tanto, los cuatro Patrol del operativo policial se marcharon a realizar una batida en el monte. Los tickets esgrimidos por el fiscal, demuestran que todo esto es falso. Los seis vehículos (los Patrol y los camuflados) pasan a la misma hora por el peaje, exactamente a las 12.07 horas de ese 6 de enero de 2008. Es más, esos recibos de la autopista contienen las firmas de los agentes que conducían cada vehículo en ese momento y las del controlador de la autopista. El fiscal afirmó que las firmas de los guardias civiles son fácilmente reconocibles, porque el controlador de la autopista es siempre el mismo, Isaías Carrasco. Según esto, los agentes que iban en cada vehículo no concuerda con la versión ofrecida por los acusados.

No obstante, la actuación más valiente del fiscal fue cuestionar la validez de una prueba que sirvió para condenar a los dos militantes por la T-4, el supuesto email enviado por Txeroki en el que menciona que las torturas a Portu y Sarasola son falsas. Para Goyena el texto resulta «incongruente». Aunque el fiscal dijo compartir la tesis de que ETA ordena a sus militantes emitir denuncias falsas, reconoció que en sus manuales para hacer frente a la detención se prepara a sus miembros para soportar situaciones reales de tortura.

Reconstrucción de lo ocurrido

Uno de los elementos principales de este juicio es el relato temporal. El único dato indiscutible es que todos los coches del operativo (los cuatro Patrol, un Megane y un Clio) cruzan el peaje a las 12.07 horas. Izko y el fiscal intentaron demostrar que la detención se produjo a las 10.30 de la mañana. Es durante este intervalo de tiempo, donde se ubicaría lo relatado por los detenidos. Portu y Sarasola siempre han sostenido que les llevaron hasta una pista forestal, donde los interrogaron a la par que les golpeaban e insultaban. A Portu le llevarían hasta un arroyo, en el que le sumergieron la cabeza en varias ocasiones. Allí es donde recuerda los golpes más intensos. A Sarasola, por su parte, también le pegaron patadas y puñetazos. Según su testimonio, nada más bajar del coche le colocaron una pistola en la sien y le amenazaron: «Te vamos a matar como a Mikel Zabalza».

Izko y Goyena afirmaron que tanto de Sarasola, como del único testigo presencial, Isidro Ropero, ubican la detención entre las 10.15 y las 10.30. El militante vasco aseguró haber mirado su reloj justo en ese momento y lleva ratificando este testimonio desde el primer día. A lo largo de la vista oral, la defensa de los guardias civiles llegó a insinuar que el reloj de Sarasola nunca existió, dado que no aparece en los documentos de Intxaurrondo. Ayer, Amaia Izko remarcó que en los papeles del ingreso en la Audiencia Nacional, sí que se registra el reloj de Sarasola. Además de esto, Goyena recordó que existen otros recibos de la autopista que ubican a los coches de la guardia civil a siete kilómetros del lugar de la detención a las 9.50 horas.

Por otra parte, las dos acusaciones también se apoyaron en la contundencia con la que se pronunciaron en cuanto a las lesiones observadas por los forenses del juzgado de guardia de Donostia, que determinan que son compatibles con el relato de Portu y Sarasola y no con el que ofrece la Guardia Civil. El fiscal apuntó que, cada año, estos forenses revisan 350 casos de forcejeos con la Policía y que el jefe del equipo forense señaló que nunca ha visto que un forcejeo cause unas lesiones como esas.

Carlos Aguilar reclamó incorrecciones en todo el proceso y trató de aseverar que el procedimiento seguido por los forenses fue irregular. Aguilar sigue manteniendo que las heridas de Sarasola se deben a una llave de judo. Su compañero Antonio Choclán cargó contra la forma de imponer penas que ha desarrollado el fiscal, ya que considera que no se puede probar qué agente cometió cada lesión desde el punto de vista de la medicina legal. Este abogado no quiso ni entrar a valorar la petición de la abogada de Portu y Sarasola.

Los letrados madrileños intentaron presionar a la sala argumentando que este es un juicio que ha cobrado una «extraordinaria importancia para ETA». Afirmaron que un fallo que acredite la tortura puede tener consecuencias en una revisión de la sentencia por el atentado de la T-4 y que incluso podría llegar a invalidarla. A este respecto, Aguilar aseguró que hay un recurso abierto en el Supremo. Según ha podido contrastar este periódico, este recurso jamás se ha planteado.

Antes de dar por finalizada la vista, el juez dio oportunidad a los agentes para que ejercieran su derecho a la última palabra. Se negaron.