Concluido el juicio oral contra Udalbiltza, más seguros que nunca, los imputados esperan un fallo: la absolución. El proceso comenzó en abril de 2003 con la operación policial que causó el cierre de Udalbiltza y la detención y encarcelación de algunos de los 20 acusados que se han sentado en el banquillo. El pasado martes, el juicio presidido por el magistrado de la Audiencia Nacional española Javier Gómez Bermúdez, quedó visto para sentencia.

Así las cosas, los procesados manifestaron ayer que en la actuación de Udalbiltza «no ha existido ningún delito» y que únicamente «pretenden criminalizar actividades políticas públicas y legítimas». Por lo tanto, reclamaron la absolución para los encausados porque, según reiteraron, ha quedado probado que Udalbiltza «no ha estado ni bajo las órdenes de ETA ni de ninguna otra organización». «Absolución, porque no hay víctimas ni perjuicio causado y porque no se pueden penalizar las vías y proyectos que se articulan para el trabajo de colaboración entre representantes legítimos de la ciudadanía, para la construcción y desarrollo de un pueblo y para profundizar en la democracia», añadieron.

El ex alcalde de Pasaia Juan Carlos Alduntzin y la ex edil de Urnieta Karmele Urbistondo dieron por «sobradamente probada» una realidad «conocida» en Euskal Herria. Durante el juicio ante el tribunal español, los imputados explicaron cómo la creación y la actividad de Udalbiltza fue fruto de «una voluntad conjunta y compartida» de cientos de ayuntamientos y cargos electos. Tal y como Maribi Ugarteburu expresó ante el tribunal, Udalbiltza «no nació contra nadie ni contra nada». En este sentido, Alduntzin y Urbistondo comentaron ayer que la institución nacional nació a favor de Euskal Herria, «con el fin de alimentar el desarrollo y la construcción de nuestro pueblo mediante la colaboración entre ayuntamientos y electos municipales». Y resaltaron que han realizado su labor «de forma política, sin exclusiones, buscando la inclusión de todas las sensibilidades».

La pretensión de las acusaciones ha sido ocultar esta realidad y presentar a Udalbiltza como una institución «integrada» en la estructura de ETA. Sin embargo, en los documentos que la Policía española presentó como informes periciales «no había sino prejuicios, argumentos hilvanados sin estar sustentados en prueba alguna». Los propios policías reconocieron que no tenían pruebas.

Los imputados tienen claro que «éste ha sido un juicio contra los derechos civiles y políticos». También denunciaron que «se han penalizado» derechos como el de reunión, a ser elegido democráticamente como representante y a impulsar una actividad institucional derivada de esa representación. «Lo más grave», advirtieron Alduntzin y Urbistondo, es que las acusaciones mantengan su petición «sin pruebas».