Los fuertes recortes salariales y la disminución de los servicios públicos que han planteado los representantes del Gobierno de Patxi López han dinamitado la Mesa General de la Administración Pública. LAB y ELA abandonaron ayer la misma y CCOO señaló que «el Gobierno vasco rompe el acuerdo de Mesa General de la Función pública». UGT, sin embargo, no se ha pronunciado ante lo que el resto de las centrales consideran «un ataque inaceptable a los empleados del sector público».

La Mesa General de la Función Pública, en la que están representados el Gobierno de Lakua y ELA, LAB, CCOO y UGT, se reunió ayer con el asunto salarial para el próximo año como único punto en el orden del día. LAB lamentó que los presupuestos que ha presentado el Gobierno autonómico «traerán recortes en los servicios públicos y en el gasto social» y situó esa merma en el contexto de que se están aplicando ya reducciones de plantillas en Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Servicios Administrativo.

En la reunión, la central sindical que lidera Ainhoa Etxaide denunció «los recortes aplicados en todas las áreas, las reducciones salariales y la campaña dirigida a desprestigiar a los trabajadores». En el encuentro, LAB reclamó «iniciar una nueva negociación, que desarrolle los servicios públicas, al entender que el Gobierno había roto el acuerdo que estableció con CCOO, UGT y ELA hace un año». Sin embargo, los representantes de la Administración autonómica se limitaron «a las congelaciones salariales» y «a avanzar en la privatización del sector público».

ELA también abandonó la Mesa General y denunció que el Gabienete que lidera Patxi López pretende en 2011 «doblar el recorte salarial que aplicó a los empleados públicos en el presupuesto de este año». También denunció «la campaña de criminalización de los empleados públicos» y tachó la política de López de «ultraliberal» al avanzar en «la destrucción de los servicios públicos».

CCOO aseguró que el Gobierno de Lakua «ha sido el artífice de la ruptura del Acuerdo de la Mesa General de la Función Pública», porque «ha planteado la congelación de los salarios para los 65.000 empleados del sector público», lo que supone «una rebaja real del salario con respecto a 2010». UGT no se manifestó ayer.