Un grupo de históricos militantes de la izquierda abertzale, integrantes en su día de los partidos que formaron la Mesa de Altsasu, comparecieron ayer públicamente para apostar por la necesidad de volver a aunar fuerzas en torno a una formación independentista y socialista, democrática tanto en su funcionamiento organizativo interno como en su proyecto político, y comprometida con las vías exclusivamente pacíficas y que rechace el uso de la violencia. Se trata de un respaldo importante al trabajo que ya se está realizando en consonancia con lo acordado por las bases en la resolución «Zutik Euskal Herria». Una expresión de la unión entre el pasado, el presente y el futuro de esa corriente política.

La izquierda abertzale necesita contar con un partido legal, pero no cabe olvidar que también Euskal Herria necesita que eso sea así. El debate en los últimos días está muy centrado en las condiciones que la izquierda abertzale debería cumplir para volver a la legalidad, y ahí cada cual pone las que más le convienen en función de sus propios intereses. Pero la verdadera cuestión está en analizar cuánto tiempo más puede estar este país en una situación de excepción que no sólo afecta a los directamente ilegalizados, sino al propio desarrollo democrático de Euskal Herria, así como a todo el entramado institucional y a la normalidad de las relaciones políticas, como se vio ayer cuando la mera noticia de una reunión, luego desmentida, provocó todo un terremoto político y mediático.

Por mucho que se pretenda vender lo contrario, la ilegalización no ha acabado con el potencial político y social de la izquierda abertzale, como tampoco lo han hecho los encarcelamientos, el acoso constante sufrido a lo largo de toda su historia ni el uso de la violencia estatal y paraestatal. Esto salta a la vista cada día y cada vez con más fuerza. Es hora de dar rango legal a lo que la ciudadanía vasca considera normal.