Las plataformas Nafarroako Pentsionistak, Gipuzkako Pentsionistak, Arabako Pentsionistak y Pentsionistak Martxan de Bizkaia se manifestaron ayer en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria para sacar a la calle la realidad que sufren los pensionistas, ya que más de 300.000 de ellos viven en la pobreza en los cuatro herrialdes. También reclamaron que se adopten medidas de apoyo y mejora de las pensiones desde Hego Euskal Herria porque «aquí trabajamos, aquí vivimos y aquí decidimos», y defendieron que ninguna pensión debe ser inferior a 1.020 euros.

En Bilbo, Patricia Alvarez y Mikel Argiñarena reclamaron, al inicio de la concentración, que después se convirtió en una manifestación hasta la Diputación vizcaina, «unas condiciones de vida dignas que nos permitan tener autonomía» y criticaron a las administraciones públicas porque «no hacen nada». Exigieron servicios públicos de calidad de atención a los mayores.

Argiñarena señaló que «rechazamos la reforma de las pensiones», añadiendo que «tampoco queremos que se ponga en marcha el copago, es decir, que tengamos que abonar determinados medicamentos».

Patricia Alvarez recordó que «la oferta de los servicios sociales no cubre ni al 25% de las personas mayores y que sólo una de cada tres plazas de las residencias «tienen carácter público» en el conjunto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y que en Nafarroa «sólo una de cada cuatro plazas es pública».

Recalcó que el gasto público en servicios sociales en Hego Euskal Herria ronda el 2% del PIB, que es «justamente la mitad de lo que se gasta en la Unión Europea como media». Por lo tanto, dejó claro que «hay margen para mejorar económicamente y en la gestión los recursos hacia los mayores».

Las cuatro plataformas de pensionistas recordaron en Bilbo, Gasteiz, Donostia e Iruñea que todos estos problemas se agravarán porque el Gobierno español «ha decidido tocarnos todos los puntos débiles congelando las pensiones para el próximo año; subiendo el IVA un 2%, lo que significa que se nos resiente más nuestro bolsillo».

Pero, además, adelantaron que el Pacto de Toledo trabaja en la reforma de las pensiones con el objetivo de «cobrarnos las medicinas, las consultas médicas, así como el coste de nuestra estancia en las residencias públicas». Explicaron que «nos quieren hacer creer que no hay dinero para que aceptemos sus recortes. Sí que hay dinero, lo que pasa es que está mal repartido». Anunciaron que continuarán con las protestas.