Un acuerdo contra las crisis lleno de flecos
El acuerdo de los socios de la UE para reforzar el euro a través de un fondo permanente de rescate de países insolventes o con el endurecimiento de las normas fiscales recogidas en el Pacto de Estabilidad, con sanciones casi automáticas, está aún pendiente de solventar sustanciales discrepancias.
GARA
La canciller alemana, Angela Merkel, parece haber sido la gran ganadora del Consejo Europeo que concluyó el pasado viernes en Bruselas al imponer al resto de sus socios una reforma del Tratado de Lisboa para reforzar la disciplina fiscal en la eurozona y evitar los riesgos de una nueva crisis de deuda como la que ha afectado a Grecia, el Estado español, Portugal o Irlanda.
La presión de Merkel, que contó con el apoyo del presidente francés, Nicolas Sarkozy, obligó a los Veintisiete a aceptar una «modificación limitada» del Tratado de Lisboa para hacer permanente el fondo de rescate de 750.000 millones de euros que se creó en mayo para asistir a los Estados miembros con problemas para refinanciar su deuda. Berlín dejó claro al resto de líderes europeos que la reforma del Tratado es una exigencia de su Tribunal Constitucional para dar validez a las reformas.
El Tratado de Lisboa tardó casi una década en ser aprobado y tuvo que adaptarse a una segunda versión para vencer las reticencias que habían expresado en las consultas en Irlanda, Holanda y el Estado francés, así como a las demandas de Polonia o la República Checa. Después de encajar el delicado puzzle, Merkel impone otra reforma del tratado para poder hacer permanente el fondo de rescate que se aprobó con la crisis griega.
Nicolas Sarkozy afirmó que «hacía falta una revisión ligera, `light', del Tratado de Lisboa que facilite la tarea de nuestros amigos alemanes. No había una solución fácil», y aseguró que los principales interesados no son Alemania o el Estado francés, sino los estados que han visto sus deudas públicas en riesgo,
En la negociación París y Berlín han asumido el papel de líderes de la Unión y han impuesto sus planteamientos al resto de gobiernos, algunos de los cuales discrepan de varios de los puntos aprobados. Uno de los puntos de divergencia estriba en que Merkel quiere que el sector privado -los bancos- asuman parte de la carga de ese fondo permanente, es decir, que pueda haber reestructuraciones de la deuda pública y quiebras ordenadas de Estados miembros. «El contribuyente no quiere ser el único que pague por esta crisis», afirmó Merkel.
Sin embargo, el principal opositor a esta fórmula es el Banco Central Europeo. Su presidente se ha opuesto de forma expresa a que la banca pague los rescates de la crisis. El BCE ve cómo los acuerdos políticos dejan en entredicho su independencia y capacidad de actuación para resolver los problemas económicos. Acusa a los políticos de no ser conscientes de la gravedad de la crisis.
Por su parte, Sarkozy reprochó al presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, durante la cumbre de la semana pasada que se desentendiera del acuerdo alcanzado en las reuniones en las que participó.
Otros miembros de la Unión tampoco están de acuerdo con la idea alemana. Así, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que «estamos más cerca de los que están en una posición de mucha precaución a la hora de incorporar al sector privado. Mucha cautela (porque) este mensaje, sin más, tiene riesgo. Estaremos de la parte que más cautelas va a expresar», subrayó.
Los países con más problemas para colocar su deuda recelan de la alternativa de la «quiebra ordenada», que podría encarecerla aún más, es decir, se verían obligados a pagar mayores intereses por sus bonos.
Serán el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, los que se encarguen de presentar en diciembre las propuestas concretas sobre el mecanismo de rescate y la implicación de los bancos en los mismos. También definirá cuál será la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) en este mecanismo. Los cambios deben estar ratificados a mediados de 2013, cuando expira el actual mecanismo temporal.
Sanciones
Pero la Comisión y el Consejo se deben encargar de dar respuesta a otra demanda que la canciller alemana consiguió poner sobre la mesa: la posibilidad de suspender el derecho de voto en las decisiones de la UE a los Estados miembros reincidentes en la indisciplina fiscal.
En este caso, la Comisión y la mayoría de los países lo considera «inaceptable« y la mayoría de países se opone. Sin embargo, el apartado de las sanciones para los estados incumplidores es el punto en el que Trichet cree que los socios europeos se han quedado cortos y ha pedido un mecanismo más riguroso, con sanciones automáticas. Van Rompuy debe negociar ahora con todos los estados la suspensión del derecho de voto, aunque sin fecha límite. Los nuevos castigos no serán casi automáticos, como defendía la Comisión, sino que se deja más tiempo a los países incumplidores para corregir sus problemas y se da más peso a las decisiones políticas del Consejo Ecofin a la hora de lanzar el expediente sancionador.
Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron que las nuevas sanciones a los países con déficit y desequilibrios excesivos, que suavizan las propuestas originales de la Comisión, se tramiten por la «vía rápida» para que se conviertan en ley y puedan empezar a aplicarse «para el verano de 2011». No obstante, estos castigos no tendrán carácter retroactivo y no se impondrán a los estados miembros que, como el Estado español, ya están expedientados por déficit excesivo.
Tampoco Gran Bretaña ve el mecanismo de rescate con mucho convencimiento y su primer ministro, David Cameron, ha obtenido de sus socios una «excepción británica» que le garantiza que ni las nuevas sanciones ni el fondo de rescate afectarán a su país.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, ha evidenciado su oposición a los acuerdos alcanzados por los líderes europeos, hasta el punto de que se negó a suscribir la reforma.
Trichet, por una parte, es partidario de una mayor dureza en las sanciones a los países que incumplan los límites de déficit y deuda pública. Afirma que no todos los líderes políticos son conscientes de la gravedad de la crisis. El presidente del BCE se opone además a que el mecanismo permanente de rescate de países con problemas de solvencia incluya quiebras controladas de países y, de esta forma, rechaza que la banca privada participe en costear el fondo de dicho mecanismo. GARA
El acuerdo refrendado es de carácter político, por lo que las distintas instituciones europeas aún deberán salvar las reticencias, detallarlo y traducirlo en textos legislativos concretos, como muy tarde a finales del primer semestre de 2011.
La participación del sector privado -la banca- en el fondo de rescate permanente europeo divide a los socios. Angela Merkel cree que los bancos deben contribuir, mientras el presidente del BCE o el presidente español lo consideran «arriesgado» .
Habrá más casos de sanción pero los países que incumplan los límites fiscales tendrán más tiempo para adaptarse. Merkel logró poner sobre la mesa la posibilidad de suspender el derecho de voto, a lo que se opone la Comisión y la mayoría de estados.
El «semestre europeo». Los gobiernos deberán adelantar el envío a Bruselas de las principales líneas de sus presupuestos para el ejercicio siguiente. La Comisión Europea y el resto de socios europeos podrán así hacer recomendaciones antes de que sean aprobados por los respectivos parlamentos estatales. Entrará en vigor el 1 de enero de 2011.
Un nuevo procedimiento por desequilibrios excesivos. La vigilancia de la Comisión no se limitará como hasta ahora a la evolución del déficit, sino que se extenderá a los desequilibrios macroeconómicos, causantes de pérdidas de competitividad o de la aparición de burbujas inmobiliarias. El nuevo marco prevé alertas y podrá acarrear sanciones para los países que incumplan las recomendaciones de Bruselas, aunque irán precedidas por una discusión al máximo nivel político.
Sanciones más tempranas. Los Veintisiete van a reformar el Pacto de estabilidad y crecimiento, que fija las reglas de disciplina fiscal, para endurecerlo. Habrá castigos incluso antes de que superen los límites de déficit y deuda (establecidos en el 3% y el 60% del PIB, respectivamente).
Nuevo mecanismo de aplicación de las sanciones más automático. Se aplicará una nueva «mayoría cualificada invertida», que hace más difícil bloquear en el Consejo una propuesta de sanción contra uno de sus miembros. Las propuestas de la Comisión serán adoptadas a no ser que una mayoría cualificada de estados miembros vote contra la misma en un plazo determinado. No se llega al automatismo total que deseaban la CE y el Banco Central Europeo.
La deuda será tenida en cuenta en el procedimiento sancionador. Aunque el nivel de deuda será tenido más en cuenta a la hora de sancionar a un país, se valorarán atenuantes como el coste de la reforma de los sistemas de pensiones.
Mecanismo permanente de resolución de crisis. La zona euro dispondrá de un mecanismo para hacer frente a eventuales crisis de solvencia en los países, una vez que caduque en 2013 la facilidad financiera de 750.000 millones de euros aprobada junto al FMI la pasada primavera para evitar el contagio de la crisis griega. GARA
El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, no quiere verse implicado en el acuerdo y ha obtenido de sus socios una «excepción británica« que le garantiza que ni las nuevas sanciones ni el fondo de rescate afectarán a su país.
