Las irregularidades detectadas por la comisión investigadora sobre la gestión del anterior alcalde de Oiartzun y actual presidente de Hamaikabat en Gipuzkoa, Martin Beramendi, llevó ayer a los integrantes de la misma a comparecer ante la prensa para ratificar la información publicada por GARA el lunes y dar a conocer las medidas adoptadas al respecto.

El actual alcalde, el independentista Aitor Etxeberria, mostró su disposición a hacer «todo lo que esté en su mano» para que Beramendi no pueda ejercer en el futuro como primer edil de ningún municipio ni trabajar en ninguna administración pública. Para ello, el equipo de gobierno que dirige necesita previamente que el Pleno municipal le otorgue la potestad para estudiar la vía a tomar en el ámbito judicial. Hecho que será tratado, tal y como anunciaron ayer, en la sesión plenaria que tendrá lugar el último miércoles de este mes.

Etxeberria compareció junto al también edil independentista Pavel Viñas, el concejal escindido de EB Tomax Aristizabal y Manolo Goikoetxea, miembro de EA que ha participado en la comisión investigadora con voz pero sin voto por no contar con representación municipal.

Detallaron que otra de las medidas que se tratará en el próximo pleno será la propuesta para implantar en el seno del Ayuntamiento y de forma inmediata un código ético que rija el comportamiento de los representantes municipales.

Enfado y malestar

El actual alcalde no pudo esconder su enfado ante la actitud de su antecesor, al que acusó de gestionar el Ayuntamiento oiartzuarra como si se tratara de «su cortijo». Consideró que las infracciones realizadas por el actual presidente de Hamaikabat en Gipuzkoa se enmarcan en tres apartados: las infracciones ante los procesos de contratación, los gastos personales y el hurto de expedientes municipales.

Dentro del primer apartado, censuró la realización de obras fuera de proyecto; la contratación de empresas «a dedo», sin el obligatorio proceso de adjudicación; el pago de obras sin realizar, así como el abono de cuantías muy superiores de las presupuestadas inicialmente.

El alcalde independentista recordó que el primer día que su Corporación entró al ayuntamiento se encontró con los ordenadores formateados, por lo que ni si quiera se encendían. Además de la desprogramación de los ordenadores públicos, tras abandonar la Alcaldía, Beramendi se llevó consigo 21 cajas repletas de documentación municipal, entre las que se encontraban expedientes y estudios realizados por el Ayuntamiento en infinidad de campos de los que, en algún caso, ni siquiera quedó copia.

Según censuró Etxeberria, esta documentación ha sido empleada para enfrentarse al propio Ayuntamiento. Ejemplo de ello es que, en uno de sus últimos escritos, Beramendi criticó al Consistorio por no tener entre manos un estudio en torno a la situación de la vivienda en Oiartzun. Estudio que fue realizado en la anterior legislatura y que Beramendi sacó de la institución sin dejar copia.

Los datos más llamativos y los que más polémica han generado en el municipio son los gastos de representación y protocolo y las dietas cobradas por su cargo de primer edil, que ascienden a 183.o00 euros. Etxeberria consideró que Beramendi ha empleado el erario público de forma «indebida».

En la rueda de prensa, a la que acudieron algunos vecinos inquietos por lo sucedido, también describieron el proceso que ha destapado estas irregularidades y que se remonta a junio de 2007, mes en el que la izquierda abertzale vuelve a ocupar la Alcaldía oiartzuarra tras cuatro años de ilegalización. Etxeberria comentó que el hecho de encontrarse, nada más entrar en el ayuntamiento, con importantes reclamaciones económicas les llevó a contratar una auditoría externa, la cual confirmaría después la existencia de irregularidades y graves infracciones.

Ante este panorama, en junio de 2008 y mediante la aprobación en pleno municipal, nace la comisión investigadora que se conforma, ante la negativa a asistir del resto de concejales que habían sido previamente invitados, por ediles de la izquierda abertzale y Aristizabal.

La última reunión de esta comisión tuvo lugar el pasado 15 de octubre, cuando se decidió poner toda esta información en conocimiento de la ciudadanía, además de realizar un código ético de cara al futuro. Tras el pleno que tendrá lugar el próximo día 24, anunciaron que se darán los pasos judiciales correspondientes.