El Gobierno de Nafarroa ha autorizado a Dynamobel la rescisión de 36 contratos, 13 menos de los que planteó la empresa al presentar el Expediente de Regulación de Empleo y cuatro menos de los planteados en octubre. También autoriza la suspensión por 73 días, hasta el 31 de diciembre de 2011, para el resto de la plantilla. El anuncio de la decisión adoptada por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno navarro coincidió con la jornada en la que los trabajadores de Dynamobel llevaron a cabo una manifestación que partió de la iglesia de San Lorenzo, donde durante trece días han permanecido encerrados siete miembros de la plantilla.

El presidente del comité, Andoni Muñoz, indicó a GARA que la resolución de Trabajo es «un pequeño éxito», al haber tenido en cuenta las alegaciones presentadas por los trabajadores y rebajado en 13 personas los despidos. «Si nos hubiésemos quedado en casa, no habríamos conseguido nada», afirmó. A su juicio, «ahora la pelota está en el tejado de la empresa», ya que espera una solución consensuada para la aplicación del ERE.

Muñoz indicó que estamos convencidos, de que, «independientemente de si han sido aceptados, los argumentos que hemos dado son más que rotundos». Añadió que «el Gobierno navarro no se complica mucho la vida, ve el informe de Inspección y trata de solventar quitando algunos despidos».

Con todo, cree que la presentación de una demanda judicial contra el ERE puede garantizar ciertos avances y espera ahora una respuesta de la empresa.

Dynamobel mostró su satisfacción porque «la autoridad laboral ha apreciado la realidad de los motivos y causas que motivaban el ERE». Afirmó que reducir de 49 a 40 los afectados era muestra de su postura de «apertura y escucha» de las propuestas sindicales para alcanzar «las mejores condiciones» en un ERE «imprescindible para mantener el mayor número posible de puestos de trabajo y garantizar la competitividad del proyecto empresarial».

La dirección aseguró que las condiciones trasladadas eran «el máximo» que podía ofrecer «sin poner en riesgo el futuro de la planta», entre ellas el menor número de afectados, la mejora de las indemnizaciones y un plan de acompañamiento social para los afectados de 58 años o más.