Hace pocos días Paul Krugman, profesor de economía en Princeton y Premio Nobel de Economía en 2008, publicaba un artículo en el que analizaba el plan de austeridad del Gobierno británico, plan que prevé la desaparición de 500.000 puestos de trabajo públicos. «Se trata de un plan que va justo en la dirección equivocada. ¿Por qué hace esto el Gobierno británico? El motivo real tiene mucho que ver con la ideología: los conservadores están utilizando el déficit como excusa para reducir el Estado del bienestar», sentencia Krugman.

Las durísimas medidas que el Gobierno británico está adoptando en el ámbito de los servicios públicos nada tienen que ver con los problemas de su economía y no se van a resolver porque se destruyan empleos públicos. Las decisiones de los dirigentes políticos británicos, aparentemente neutras, responden a una marcada ideología conservadora, y esconden el más brutal ataque contra el estado del bienestar.

Esto es precisamente lo que están liderando los gobiernos de Hego Euskal Herria. Primero fue el recorte salarial, argumentando que era el aporte solidario a la situación de crisis en el sector privado. Después vino el recorte de plantillas con amortizaciones de plazas y un recorte brutal en las sustituciones, tanto en la CAPV como en Nafarroa. Este recorte afecta a unas plantillas ya mermadas que no pueden hacer frente a la ya excesiva carga de trabajo diaria, con especial incidencia en sanidad y educación, lo que ha llevado a los trabajadores y trabajadoras a movilizarse.

Si estas medidas no van a contribuir a mejorar la situación, ¿por qué se toman? Porque responden a una ideología capitalista extrema cuyo objetivo es que el mayor número de servicios públicos pase a manos privadas.

Un ejemplo es la cruzada que el Gobierno Vasco, a través del viceconsejero de Función Pública, pretende emprender en contra de los empleados públicos. Son los mismos que firmaron el Acuerdo de Mesa General para incumplirlo a los cinco meses, recortando salarios y destruyendo empleo público. Ahora su arma es el absentismo. Manipulan los datos, situando el absentismo en un 10%, aunque el absentismo real (enfermedad, accidentes y bajas maternales) no llega al 6%. El viceconsejero habla de los empleados públicos como trabajadores y trabajadoras que trampean, «que presentan bajas con apariencia de legalidad, pero que esconden muchos abusos». Estas palabras constituyen un insulto para quienes día a día se dejan la piel en su trabajo pese a los recortes, la falta de medios y de planificación. Pero esto no importa, porque su mensaje, en una sociedad machacada por los expedientes de regulación, la amenaza de despido o una reforma laboral salvaje, cala: «los funcionarios son unos privilegiados. Son caros e ineficientes. Hay que acabar con ellos».

En Nafarroa tenemos el Plan Moderna, último «producto» del diálogo social. Sus firmantes: UPN y PSN, el Opus Dei, UGT y CCOO, han ideado la forma de poner en manos privadas la gestión de determinadas políticas públicas. Este Plan dibuja la Nafarroa del 2030 y para ello crean una fundación privada, financiada con dinero público. El Plan Moderna, entre otras cuestiones de calado, busca impulsar un cambio en la esencia misma de la función pública y plantea «suprimir el carácter vitalicio de los funcionarios».

Desatada la polémica, cuando ELA dio a conocer este punto en un informe de su Gabinete de Estudios, el Director General de Política y Promoción Económica del Gobierno de Nafarroa explica que «la frase puede ser desafortunada», pero mantiene que «es preciso una reforma en profundidad de la Administración». Y se pregunta: «¿por qué se va a tener el puesto de trabajo vitalicio a costa de los impuestos de todos?». En cualquier caso, aclara, «esto no significa que se vaya a hacer de inmediato, que las medidas que se tomen respecto al carácter del puesto no van a afectar los actuales funcionarios».

Coincidencia sorprendente con las declaraciones efectuadas por algunos altos responsables de la CEOE, que piden con claridad «que se aplique a los nuevos funcionarios una estabilidad en el trabajo similar a la de la empresa privada». Da igual que estos funcionarios se dediquen a la Sanidad, la Educación o la concesión de subvenciones, becas o permisos. Conviene recordar que la fijeza en el puesto de los funcionarios responde a la necesidad de gestionar cuestiones que afectan a lo público con garantías de independencia, y no sometidos al albur de los intereses políticos.

Todo esto responde a la ideología conservadora de los gobiernos de Hego Euskal Herria que, utilizando la crisis como coartada, buscan desprestigiar lo público, poner a la sociedad en contra de los trabajadores y trabajadoras, y proceder a su privatización. Reducido lo público a la mínima expresión, esos servicios no se van a dejar de prestar. Privatizados, se subcontratarán deteriorando las condiciones de trabajo de quienes los presten y el servicio.

Éste es el futuro que los intereses privados y los políticos, que actúan como representantes de esos intereses, prevén para los servicios públicos. Pero no lo van a tener fácil. Miles de trabajadores y trabajadoras de lo público hicimos una huelga el 25 de mayo y nos sumamos a la huelga general del 29 de junio convocada en Hego Euskal Herria. Miramos a Europa y vemos que sólo vamos a poder frenar el ataque a través de la movilización. Algunos trabajadores de lo público están en el «todavía no vienen a por mí». A ellos nos dirigimos. Hay que movilizarse, cada uno aportando a la movilización lo que pueda desde su ámbito, «no sea que cuando vengan a por mí, me encuentre solo».