Cárcel por propuestas de paz
Caso Anoeta, un juicio político que estuvo parado entre 2006 y 2008
Al margen de la consideración que pueda merecer que se pida cárcel por hacer una oferta de paz, el carácter político del juicio por la propuesta de Anoeta se intuye en que la causa estuvo parada durante el proceso negociador.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Los próximos días 11 y 12 de noviembre Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez serán juzgados por el acto del velódromo de Anoeta en noviembre de 2004. Hay causas judiciales que parecen estar controladas por un interruptor político. ¿Extraño? Tampoco tanto si se observa que el ministro del Interior y su segundo se dedican a comer con los jueces de la Audiencia Nacional en un restaurante madrileño, como ocurrió el pasado 29 de octubre y se puede comprobar en las fotografías publicadas al día siguiente por «El Mundo». O cuando ese mismo Ministerio tiene por costumbre repartir medallas pensionadas (es decir, jugosos sobresueldos) entre esos mismos magistrados.
La causa contra Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez por el acto de Anoeta comenzó con una investigación ordenada por la Fiscalía de Gipuzkoa, que tuvo un reflejo limitado en la prensa, en medio de la oleada de reacciones políticas que generó la oferta realizada por la izquierda abertzale. Y aunque en un principio el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se mostró algo reticente, al final acabó apoyando la acusación de «enaltecimiento del terrorismo».
Como los imputados eran parlamentarios, el caso fue primero al TSJPV, y cuando perdieron la condición de aforados, llegó a la Audiencia Nacional. Otegi, Permach y Álvarez fueron llamados a declarar el 3 de febrero de 2006. Arropados por dirigentes de la izquierda abertzale, Aralar, EA, LAB y ELA, los acusados destacaron el valor de la declaración de Anoeta y señalaron que la «historia reconocerá algún día» que esa propuesta «abrió el camino a una paz justa, estable y duradera, tanto para el pueblo vasco como para el Estado español».
Casi tres años en «off»
A las pocas semanas de producirse esa citación, ETA declaró un alto el fuego al que siguió la apertura de un proceso negociador con el Gobierno español.
A nadie se le oculta que la declaración de Anoeta, con el establecimiento del principio de las dos mesas de negociación separadas, era uno de los cimientos de esas conversaciones. Y aunque Arnaldo Otegi estuvo procesado y encarcelado por otro sumario al inicio de ese proceso, la causa quedó olvidada en algún cajón del juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional. El interruptor se había puesto en off.
Durante dos años y diez meses nada se supo de esta causa, que a los ojos de cualquier observador imparcial se antojaba un dislate político y una extravagancia judicial.
Sin embargo, de pronto el interruptor se enciende y el 17 de diciembre de 2008 salta a los teletipos la noticia de que el juez Eloy Velasco había dado los primeros pasos para juzgar a Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Joseba Álvarez e Iñigo Balda por «enaltecimiento del terrorismo», puesto que en el acto del velódromo de Anoeta se proyectó «un vídeo recopilatorio de detenciones de miembros de ETA», comunicados de la organización armada, concentraciones a favor de los presos «e imágenes de todos los dirigentes de Batasuna y los miembros de ETA muertos durante los últimos 25 años», mientras el público asistente, unas 15.000 personas, lanzaban gritos de «gora ETA militarra», que en ningún caso se atribuyen a ninguno de los encausados en el sumario. También se habla del reparto de publicaciones de ETA por parte de encapuchados, después de que los periodistas fueran obligados a salir del recinto.
Según el juez, Álvarez y Balda participaron en la solicitud y acondicionamiento del velódromo, y Permach y Otegi fueron los encargados de abrir y cerrar el acto con sus discursos, y también los que lo presentaron públicamente días antes en una rueda de prensa.
Cárcel y años de inhabilitación
Iñigo Balda quedó finalmente excluido del proceso y la Fiscalía acusa a los tres dirigentes de un delito de «enaltecimiento del terrorismo» y pide para ellos 18 meses de cárcel y 12 años de inhabilitación. El Foro Ermua solicita cinco años de prisión para cada uno y 20 de inhabilitación por los delitos de «enaltecimiento, desobediencia, reunión ilícita y quiebra de medidas cautelares».
Para la defensa los hechos no son constitutivos de ningún delito y dice que no cabe hablar de autores al no existir el mismo.
Insiste además en el carácter político del acto, en el que «se presentó una propuesta de carácter político que pretendía poner encima de la mesa, en la agenda política, un método de solución del conflicto político, método que consistía en la utilización del acuerdo, el diálogo, y el reconocimiento de derechos políticos individuales y colectivos que permitiera crear un marco democrático donde todos los proyectos podrían llevarse a cabo, en ausencia de toda clase de violencia, utilizando vías políticas y democráticas, dando al final, la palabra al pueblo».
La trascendencia política del acto de Anoeta es un hecho incuestionable. Baste recordar que pocos partidos se atrevieron a rechazar la oferta, en contra de lo que suele ser habitual en un primer momento ante los planteamientos de la izquierda abertzale. El EBB, reunido al día siguiente, hizo público un comunicado oficial «valorando en sus justos términos» la propuesta. El Gobierno de Lakua habló de un «avance en una dirección que nos parece positiva». El Consejo Territorial del PSOE se reunió el lunes 15 en Segovia. Quien entonces era coordinador de ese órgano, Patxi López, fue el encargado de hacer una valoración pública y señaló que «es un paso, pero no el paso que esperábamos».
Lo llamativo de lo ocurrido en aquel encuentro del PSOE se conoció, sin embargo, días más tarde. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, había manifestado ante los dirigentes territoriales institucionales y del partido que «aquí se ha abierto una puerta. Hay un camino muy estrecho. Vamos a ver si podemos transitar por él».
En privado, altos dirigentes del PSOE fueron reconociendo a periodistas de su confianza que algo se había movido en la izquierda abertzale, lo que les hacía albergar profundas esperanzas.
A título anecdótico cabe apuntar que el siempre explícito Juan Carlos Ibarra, que en 2004 era presidente de Extremadura, planteó abiertamente la necesidad de hacer «una oferta de paz a ETA», lo que luego matizó hablando de «darle un ultimátum». Aquello abrió un debate en el PSOE que fue rápidamente sofocado.
Rodríguez Ibarra y otros muchos dirigentes del PSOE carecían entonces de todos los datos. En cambio, Rodríguez Zapatero contaba con información de primera mano sobre las conversaciones que de forma privada estaban manteniendo Jesús Eguiguren y Francisco Ejea con Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la izquierda abertzale. I.I.
La presencia del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, entre los testigos citados por el tribunal a instancias de la defensa, y un titular intoxicador de «El Mundo» afirmando que «Otegi alega que pactó en secreto con el PSOE el mitin de Anoeta» han creado polémica en los prolegómenos del jucio.
El diario derechista español aseguraba en su primera página del jueves que «el acto de Anoeta fue producto de las conversaciones secretas entre Batasuna y el PSOE» y lo presentaba como fruto de un pacto. Para hacer estas afirmaciones se escudaba en el «escrito de la defensa».
Sin embargo, la defensa en ningún caso habla de ningún pacto. Lo que hace en todo momento es destacar el carácter político del acto y de la propuesta presentada, y añade que «fue el inicio de un proceso que llenó de esperanza al País Vasco», en referencia a las negociaciones entre 2005 y 2007. En ese contexto, recoge en un párrafo que «para que dicha propuesta se pudiera presentar fueron necesarias muy diversas conversaciones y acuerdos entre la Izquierda Abertzale y Partido Socialista Obrero Español, conversaciones en aquel momento todavía no públicas, que asimismo hicieron posible la celebración del acto en el velódromo de Anoeta».
Que esas conversaciones existieron es ya conocido, como lo es también que la declaración de Anoeta era un paso en un proceso de hondo calado. Que la comunicación y la confianza establecida pudo ayudar a su celebración, no se le oculta a nadie. Pero convertir el escrito de la defensa en la confirmación de un pacto, es una exageración intencionada.
Por otra parte, desde el PP y sus medios cercanos también se ha pretendido convertir en un escándalo que Jesús Eguiguren haya sido citado como testigo por la defensa.
Por ambas cosas fue preguntado ayer el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, quien apuntó que Eguiguren declarará en el juicio como ciudadano y eludió responder si el PSOE pacto con Batasuna el acto de Anoeta. «Eguiguren va como ciudadano. Ya dije que cuando a un ciudadano le llama un tribunal para declarar tiene que ir a colaborar con la Justicia», afirmó. En cuanto a si cree que la presencia de Eguiguren para declarar a favor de Otegi puede dar credibilidad al argumento de su defensa de que el acto de Anoeta fue pactado con el PSOE, Rubalcaba se limitó a decir que no tenía nada nuevo que decir. Luego añadió que «no estuve en Anoeta y no soy quién para decir eso. Hay un juicio pendiente y cualquier cosa que dijera se interpretaría mal».
Por otra parte, Eguiguren encontró ayer el apoyo del PSE y de Lakua frente a la «recomendación» del ministro José Blanco de que «guarde silencio» sobre temas de la izquierda abertzale. I. I.
El juicio contra Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez se celebrará el jueves y viernes de la semana que viene en la Audiencia Nacional y ya ha despertado una gran expectativa por su contenido y alguno de los testigos.
El fiscal pide 18 meses de cárcel y 12 años de inhabilitación para cada acusado por «enaltecimiento del terrorismo». El Foro Ermua añade «desobediencia», «reunión ilícita» y «quiebra de medidas cautelares» y pide 5 años de cárcel y 20 de inhabilitacion.
