Estados Unidos recibió ayer una avalancha de críticas por su política de derechos humanos al someterse por primera vez al Examen Periódico Universal que todos los miembros de Naciones Unidas deben pasar cada cuatro años en Ginebra.

Numerosos países latinoamericanos, encabezadas por Cuba Y Venezuela, así como Irán y otras naciones islámicas criticaron duramente la conculcación de derechos de EEUU.

Pero Washington también fue criticado por Occidente especialmente en relación a dos cuesitones: por mantener y aplicar la pena de muerte y por no haber cerrado la prisión de Guantánamo, tal y como prometió su presidente, Barack Obama.

La delegación de EEUU, formado por una treintena de personas y encabezada por Esther Brimmer, secretaria de Estado adjunta para Asuntos Organizaciones Internacionales; Harold Hongju Koh, asesor legal del Departamento de Estado; y Michael Posner, secretario de Estado adjunto para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, se defendió de las críticas y subrayó el compromiso de la Administración Obama con el multilateralismo y el Estado de Derecho.

«Asumimos nuestro lugar en el proceso de Examen Periódico Universal con orgullo por nuestros logros, honestidad en los desafíos que afrontamos y el compromiso de emplear el sistema internacional para promover la protección de los derechos humanos en nuestra país y fuera», dijo Brimmer en la presentación del informe de EEUU.

«No hay zonas fuera de la ley... Estamos inmersos en conflictos armados y limitados por la leyes de la guerra tal como se aplican en el siglo XXI», señaló, por su parte, Posner.

Precisamente la actuación de las tropas de EEUU en guerra como Afganistán e Irak o la situación de los presos de Guantánamo acusados de «terrorismo» ocuparon gran parte de las críticas del Consejo.

Cuba y Venezuela abrieron el fuego al intervenir los primeros después de la delegación de EEUU, de acuerdo a una lista cerrada desde el jueves en la que lograron apuntarse los mayores críticos de Washington.

Entre otras cosas, pidieron poner fin al bloqueo de Cuba, enjuiciar a los autores de las torturas en Guantánamo, Irak o Afganistán, ratificar numerosos tratados internacionales sobre derechos humanos, derogar la pena de muerte, acabar con los juicios militares a los sospechosos de «terrorismo» o tomar medidas para reducir sus emisiones contaminantes.

Cuba y Venezuela fueron secundadas después por Irán, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en sus fuertes críticas a Washington, pero Brasil, México, Argentina y Colombia también se sumaron a peticiones como la erradicación de la pena de muerte o la ratificación numerosos tratados internacionales de los que está ausente.

Las leyes inmigratorias de EEUU, especialmente la de Arizona que criminaliza a los «clandestinos» también fueron denunciadas por países latinoamericanas, especialmente por México.

Irán, por su parte, pidió la prohibición de la tortura, el cierre de las prisiones secretas o el fin de las operaciones ilegales.

Los países occidentales, si bien alabaron el firme compromiso de la Administración de Barack Obama de avanzar en la defensa de los derechos humanos tras el mandato presidencial de George W. Bush, se centraron en condenar la pena capital y el mantenimiento de Guantánamo.