La tortura ha estado últimamente muy de actualidad: numerosas y graves denuncias de torturas, el juicio del caso Portu-Sarasola, la masiva manifestación de Donostia... Ante todo ello, los dirigentes del PNV han vuelto a mostrar, con su silencio y absoluta falta de compromiso para hacer frente a esa lacra, una actitud que no cabe sino tildar de cómplice con los torturadores.

Además de ningunear la multitudinaria manifestación, los medios de comunicación que controlan, los del Grupo Noticias, han vuelto a actuar como acostumbran ocultando por una parte las graves denuncias de torturas y por otra, en lo que respecta al juicio, limitándose a transcribir los partes de las agencias EFE y Europa Press que ya se sabe de sobra de qué pie cojean en lo que a la tortura concierne.

Encima, su máximo dirigente, Iñigo Urkullu, ha dado a entender, en una entrevista publicada en «Berria», que le parece normal que el Ministro del Interior, Rubalcaba, diera todo su apoyo a los guardias civiles acusados de torturar a Portu y Sarasola, y que él hubiese hecho otro tanto: «¿Cómo no le vas a dar tu apoyo a un subordinado en el Ministerio?».

En la misma entrevista, también da a entender que los casos de torturas son aislados («pasadizoak») y que la responsabilidad de los mismos, en caso de haber sentencia condenatoria, debe recaer únicamente en los ejecutores materiales. No considera al menos que ello vaya en absoluto afectar a Rubalcaba. «No se puede mezclar a quien tiene la responsabilidad política con el que comete real y directamente tales actos» sentencia. Porque no puede reconocer que la tortura en el estado español es estructural, y seguir colaborando tan activamente con los responsables de los torturadores.

Urkullu pone como ejemplo a seguir las medidas preventivas contra la tortura que se adoptaron en la anterior legislativa en que gobernó el PNV. Habrá que recordarle que hicieron todo lo posible, mediante excusas, dilaciones y trampas de todo tipo, por retardar y obstaculizar la puesta en práctica de medidas que tanto el Ararteko como los organismos internacionales venían demandando desde hacía un montón de años, y que tras adoptar sólo algunas de ellas, éstas no han impedido en absoluto que la Ertzaintza siga torturando.

Respecto a las que se negaron a adoptar, recuérdese que cuando Rodolfo Ares fue interpelado en el Parlamento sobre el motivo por el que La Consejería de Interior sigue sin aceptar medidas que el Ararteko viene recomendando desde hace once largos años, respondió que si no se han adoptado esas recomendaciones es porque con anterioridad, siendo consejero Javier Balza, «no se consideró necesario adoptarlas, y yo también comparto que no es necesario adoptarlas».

Bien es verdad que durante años la Ertzaintza dejó de incomunicar y del 2004 a marzo del 2009 no hubo denuncias de torturas en su contra, en detenciones relacionadas con el conflicto político. Durante esos años, además, el PNV apoyó dos importantes proposiciones aprobadas por el Parlamento de Gasteiz. La del 1 de diciembre de 2006 instando al Gobierno español a derogar la legislación antiterrorista, y a eliminar el régimen de incomunicación y la Audiencia Nacional. Y la del 16 de noviembre de 2007 instando a las Cortes españolas a una modificación de la Ley de Enjuiciamento Criminal que permitiera eliminar el régimen de incomunicación.

Torturaren Aurkako Taldea formuló entonces una pregunta muy pertinente: ¿Por qué pedían al Gobierno español que eliminara la incomunicación y sin embargo se negaban a declarar que su Policía, la Ertzaintza, no iba a hacer uso en adelante, en ningún caso, de dicha medida? La respuesta llegó en el 2009 cuando volvieron a incomunicar y a torturar en casos ligados al conflicto político. El PNV no expresó la más mínima queja al respecto, dejando así muy claro que su apoyo a las dos iniciativas legislativas antes mencionadas fue del todo hipócrita. Por eso se negaron siempre a declarar que no volverían a incomunicar a nadie.

Los dirigentes del PNV también adoptaron otra gravísima decisión cuando a partir de 1993 el Gobierno español, entonces el de Felipe González, empezó a indultar a guardias civiles condenados por torturas. El Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna propuso en dos ocasiones que la Cámara vasca mostrara su repulsa por los indultos gubernativos y se elevara la denuncia a los organismos internacionales competentes. En ambas se opuso el PNV, con lo que aquellos infames indultos fueron concedidos con su pleno y expreso apoyo.

Ésa es la triste realidad de unos dirigentes que afirman estar contra la tortura, pero que en la práctica no hacen absolutamente nada para acabar con esa lacra teniendo como tienen tantos medios para hacerle frente si en verdad así lo decidieran. En su día ya se consiguió, gracias a la gran presión popular, obligarles a dar algunos pasos. Desgraciadamente dieron marcha atrás, pero no me cabe duda de que podemos volver a obligarles a ello. Y que esta vez sea la definitiva.