El Pleno del Ayuntamiento de Lezama refrendó el 27 de octubre provisionalmente el Plan Especial de Txupetxa, una zona de 7.725 metros cuadrados, de los que 5.405 son una antigua propiedad del padre -el 50%-, una tía y varios primos de la alcaldesa, la jeltzale Alaitz Etxeandia.

Para Lezama Bizirik, las condiciones en que se produjo la aprobación son «escandalosas». El colectivo vecinal explica que el informe de la Agencia Vasca del Agua (URA) que avala el Plan se sustenta en un informe que el Consistorio «introdujo irregularmente» en el trámite de las Normas Subsidiarias (NNSS).

El organismo dependiente del Ejecutivo de Lakua aduce que el estudio recibió el visto bueno de la Dirección de Aguas y que las NNSS se aprobaron y se publicaron el 3 de octubre de 2008 en el Boletín Oficial de Bizkaia. URA se olvida de que las NNSS fueran declaradas nulas de pleno derecho en junio de 2009 y se está a la espera del pronunciamiento del Supremo español.

Además, denuncia que, a petición del teniente alcalde, Roman Pomposo, URA aportó un segundo informe en el que se suprimen las condiciones que Medio Ambiente y la Dirección de Aguas impusieron en las NNSS para poder desvíar el río Asua y construir en Txupetxa: la desnaturalización de las riberas y el descubrimiento de los 150 metros soterrados detrás de la casa consistorial a cargo de los propietarios y promotores de la urbanización.

«No conocemos ningún caso en el mundo, donde el Ayuntamiento, que supuestamente está para defender los intereses generales, solicite -subrayan- que se exima a los propietarios y constructores de determinadas cargas y gastos para que éstos puedan pasar a ser a cargo de todos los vecinos».

Lezama Bizirik incide en que sólo la alegación presentada por un primo de la alcaldesa, uno de los antiguos propietarios de Txupetxa, en la que se solicitaba dar más altura a determinados edificios, haya sido aceptada. Las formuladas por los promotores, tres particulares y la plataforma ciudadana fueron desestimadas por el Consistorio.

Tras el paso dado por el Pleno, con los votos del PNV, el colectivo denuncia que la operación de Txupetxa -«la más inundable de las siete zonas donde el Ayuntamiento preveía construir en sus NNSS»- se esconde la pretensión de que el Plan esté en vigor para abril de 2011. Según un acuerdo suscrito en febrero de 2007 por la familia de la alcaldesa con las promotoras Residencial Etxeondoa y Promociones Duracons para la compraventa de 5.045 metros cuadrados de Txupetxa, para entonces -antes de los próximos comicios locales- tenían que estar concluidos los trámites para edificar 52 viviendas.

Un pleito en la sombra

Estos entresijos de la operación se conocieron al destaparse un pleito entre la familia Etxeandia y las promotoras por los 5,3 millones que convenieron en abonar las segundas. Las empresas pagaron 2,2 millones de euros, que quieren recuperar a raíz de la inseguridad jurídica creada por la sentencia del TSJPV, y se niegan a abonar los otros 3,1 millones restantes.

Lezama Bizirik desveló que presumiblemente detrás de la celeridad de la tramitación se encuentre este asunto. Además, añadió que el Ayuntamiento tiene litigios de orden económico pendientes «de varios millones, por la mala gestión en la urbanización del polígono industrial de Kurutze».

Lezama Bizirik ya ha advertido de que si finalmente el Plan Especial de Txupetxa se aprueba definitivamente y la Diputación lo refrenda, acudirá a los tribunales para exigir su paralización, al estimar que «no supone sino un intento por desarrollar una de las partes más negativas de las Normas Subsidiarias anuladas». La plataforma anuncia que seguirá trabajando «para que los intereses generales prevalezcan sobre las ambiciones particulares de quien sea».

En el caso concreto de Txupetxa, la AAVV inciden en que está más que justificado, ya que el Ayuntamiento gobernado por el PNV pretende que todos los vecinos de Lezama «paguemos la obra que condicionaba la urbanización».

Desde el colectivo vecinal recordaron que más de la mitad de los corporativos del equipo de gobierno, «alcaldesa incluida», siguen inmersos en un proceso judicial acusados de prevaricación por los casos del centro cívivo y la kultur etxea. En estos asuntos, los concejales siguieron con las tramitaciones a pesar de las advertencias de ilegalidad del secretario.