La comparecencia de Brian Currin ayer en un céntrico hotel de Bilbo levantó una enorme expectación entre los medios de comunicación dispuestos a conocer por boca del abogado sudafricano detalles acerca de sus gestiones para «agilizar, facilitar y posibilitar» el logro de la normalización política en Euskal Herria y, en concreto, sobre el mandato del Grupo Internacional de Contacto (GIC).

Currin fue firme al señalar, tal y como ya había avanzado en los días previos, que no iba a dar a conocer las identidades de quienes lo conformarán. Subrayó que el Grupo se constituirá formalmente una vez ETA responda al emplazamiento efectuado por la Declaración de Bruselas y luego por el Acuerdo de Gernika para que decrete un alto el fuego indefinido, verificable y unilateral. Ante el aluvión de preguntas de los periodistas, el único dato que llegó a desvelar sobre los mediadores es que serán europeos.

El promotor de la Declaración de Bruselas señaló que había tratado de consultar con la mayoría de los agentes políticos, sociales y sindicales vascos, además de institucionales, reconociendo que los contactos habían sido «constructivos». Quien declinó reunirse con el facilitador fue el PP, al que consideró un actor «principal» con el que le gustaría entrevistarse, aunque añadió que una posición obstaculizadora por parte de la derecha españolista no impedirá que el Grupo pueda desarrollar su mandato. «Nadie les puede obligar, pero tampoco se puede bloquear un proceso por la ausencia de un partido», precisó.

La labor de los mediadores, según las aportaciones recogidas, buscará «un escenario político inclusivo y transparente, basado en las vías exclusivamente democráticas y en ausencia total de violencia o amenaza de violencia de cualquier origen, donde se acuerde un marco jurídico político ampliamente compartido, que garantice un escenario de estabilidad, en el que -precisó Brian Currin en inglés- todos los proyectos democráticos puedan ser tanto defendidos como materializados». Todo ello, apostilló, tendría su base «en el principio de respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca, a la pluralidad política, a los principios democráticos y a los procedimientos y normas vigentes».

El abogado sudafricano indicó que, tras las conversaciones que ha mantenido con los agentes, especialmente con representantes de la izquierda abertzale, tiene la esperanza de que ETA responda al emplazamiento de los firmantes de la Declaración de Gernika para «antes de Navidad, bien en noviembre o en diciembre». Al respecto, habló de «ilusión» y de que tienen «expectativas» en este sentido. Ante la insistencia de los periodistas, Currin remarcó: «Estoy seguro de que la información que recibo de la izquierda abertzale es creíble».

A pesar de las continuas matizaciones del facilitador en las sucesivas preguntas que se referían a la relación con las intenciones de la organización armada, las informaciones transmiti- das por algunos medios de difusión obligaron al facilitador a aclarar horas después de la rueda de prensa que la izquierda abertzale no le había dicho que ETA iba a declarar un alto el fuego definitivo, unilateral y verificable antes de diciembre, sino que eso es lo que desearían, al igual que otros agentes.

El experto internacional en mediación de conflictos puntualizó que lo transmitido era un «malentendido» atribuido a «un error en la traducción» del inglés al castellano y que la idea que tiene es que la izquierda abertzale «desea y considera importante que haya un comunicado en las próximas semanas».

«Especulaciones frívolas»

Quien también salió al paso de las informaciones fue la propia izquierda abertzale, que criticó «las interpretaciones interesadas y especulaciones frívolas que, en el marco de esa importante y positiva noticia, se están dando en torno a posibles decisiones de ETA y su dimensión concreta, cuestiones ajenas a nuestro conocimiento y responsabilidad». En ese sentido, rechazaron las informaciones que les sitúan «como canalizador de supuestas decisiones de ETA».

Respecto al contenido de la comparecencia de Currin, resaltaron que es «una importante noticia», especialmente porque se haya concretado el mandato del Grupo Internacional de Contacto. Asimismo, incidieron en que sea la respuesta positiva de la organización armada vasca a la Declaración de Bruselas el «factor determinante» para que la comunidad internacional quiera «operativizar» el GIC.

A partir del pronunciamiento de ETA, según este hombre de reconocido prestigio mundial, llegará la conformación del GIC y también el proceso de verificación del alto el fuego, en el que sería deseable que estuviera el Ejecutivo español. «La verificación debería hacerse vía contacto entre ETA y el Gobierno español», remarcó antes de apostillar que esta labor la podría asumir el Grupo u otros agentes internacionales si así lo estiman las formaciones políticas vascas. Esa fase de verificación del fin de la actividad armada de ETA finalizaría, indicó, en un proceso de desarme.

Entre los mandatos del GIC estará el «promover, facilitar y posibilitar» la legalización de la izquierda abertzale, que será uno de los participantes necesarios en el futuro proceso. Currin estimó que, para cuando se vaya a constituir la mesa multipartita, la izquierda independentista «habrá hecho todo lo que se ha comprometido a hacer», aclarando que en su seno «la batalla por las balas o los votos se ha resuelto a favor de los votos».

En cuanto al papel a jugar por el Gobierno español, hizo votos por que mantenga una actitud «proactiva» en la legalización de todas las fuerzas políticas vascas y abogó también por «cambios» en la política penitenciaria. Éstas son, por cierto, dos de las medidas que se entiende que generarán confianza en el proceso. «El objetivo -se incluye entre los mandatos- del diálogo y la negociación multipartita sería alcanzar un acuerdo inclusivo para superar el conflicto político» que perdura en Euskal Herria.

Ante la numerosa presencia de medios, Brian Currin no perdió la ocasión de decir que «es importante que las personas que se han comprometido por la paz, como por ejemplo Arnaldo Otegi, sean liberados, para que puedan contribuir a la paz».

Uno de las tareas que se encomienda al GIC es generar confianza en la sociedad vasca para que interiorice que «un proceso de paz exitoso es ciertamente posible», también la de mediar en caso de que se produzcan situaciones de bloqueo.