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Análisis

Guía política para condena jurídica

Por el acto sólo se acusó a Otegi, Permach y Alvarez, tres dirigentes en activo. Se les imputa una acción que en ningún caso fue cometida por ellos. Sólo guardias civiles sustentan la acusación. Y la Fiscalía activó el proceso tras la nueva iniciativa política. ¿Casualidades?

Ramón SOLA

Supuestos expertos policiales para quienes Brouard era un abogado, una Fiscalía que acusa sólo a ratos, una imputación imposible y un tribunal enfrentado a su propia doctrina. El juicio al acto de Anoeta ha mostrado que todo vale con un objetivo: criminalizar a los líderes de la izquierda abertzale y denostar su iniciativa.

La parte política del juicio por el acto del Velódromo de Anoeta (las declaraciones de Otegi, la participación de Jesús Eguiguren...) ha terminado eclipsando a la faceta jurídica. Pero merece la pena repasar algunos detalles de la vista oral que han pasado desapercibidos para comprobar con qué escasos y malos ingredientes se cocinan en Madrid condenas contra la izquierda abertzale y su iniciativa política.

1. Los «peritos»

En este proceso, la imputación de «enaltecimiento» se sostiene casi exclusivamente sobre el testimonio de guardias civiles que declararon como «peritos de inteligencia», es decir, como presuntos expertos en la materia. Su misión fundamental consistía en remarcar que todas las personas fallecidas que apare-cían en el vídeo emitido en el Velódromo eran miembros de ETA. Lo hicieron con aparente contundencia... hasta que llegó el turno del abogado de la defensa Iñigo Iruin.

-«¿Conoce usted qué era Santi Brouard?», preguntó el letrado.

-«Sí, abogado».

-«Pues no, era médico».

Un poco más tarde:.

-«¿Sabe usted cómo murió Mikel Arregi?»

-«En un enfrentamiento con la Guardia Civil».

-«¿En un enfrentamiento dice usted?»

-«Sí».

-«¿Acaso iba armado?»

-«No lo sé».

No lo iba. Arregi, concejal de HB en Lakuntza, murió tiroteado en un control.

A estos agentes, cuyo informe puede ser decisivo, les costó un buen rato admitir ante el tribunal que Josu Muguruza o Tomás Alba habían muerto en atentados, como todo el mundo sabe en Euskal Herria. «Fallecieron», dijo dos veces seguidas el guardia civil, obviando entrar en detalles. Quizás por eso, la fiscal indicó en su informe final que «no es el momento de discutir el modo en que fallecieron».

Los guardias civiles hablaron además ante el tribunal de una inexistente «enciclopedia de ETA». Uno de ellos dijo haber oído en el Velódromo gritos de «Gora etarra militarra» (sic). El más experto en apariencia terminó por admitir que «no sé euskara, por desgracia». Y al final quedó claro que sólo habían identificado 14 de las 93 fotos proyectadas en la pantalla del Velódromo.

2. La Fiscalía

La defensa ha denunciado las dilaciones indebidas producidas en el proceso, como un factor añadido para reclamar la absolución. La fiscal intentó culpar de ello al cambio de competencia sobre el caso una vez que los tres acusados, que en 2004 eran parlamentarios en Gasteiz, dejaron de ser aforados en 2005, al concluir la legislatura. Sin embargo, la abogada Jone Goirizelaia demostró que eso es mentira. El procedimiento avanzó precisamente en ese año. Fue en febrero de 2006 cuando se paró, justo hasta diciembre de 2008.

En febrero de 2006 se avecinaba el alto el fuego de ETA. Y en diciembre de 2008 Arnaldo Otegi empezaba a liderar la búsqueda de una nueva estrategia «eficaz». ¿Casualidad?

3. La imputación

Diferentes medios han remarcado que ésta es la cuarta vez que Otegi es juzgado por «enaltecimiento». En la anterior ocasión, la vista oral permitió descubrir que los magistrados ni siquiera sabían qué había dicho en el acto por Joxe Mari Sagardui, Ga- tza, en Zornotza («no entiendo ni papa», admitió la jueza Murillo, dado que no sabía euskara ni el texto se había traducido).

Sin embargo, ahora es todavía peor, porque a Otegi, Permach y Alvarez ni siquiera se les imputa algo que hubieran dicho, sino que se les quiere condenar por los gritos del público y por las imágenes del vídeo. Al respecto, la Fiscalía argumentó que ninguno de ellos interrumpió su emisión cuando en las gradas comenzaron gritos de «Gora ETA». Llevando el tema al absurdo, tampoco los guardias civiles que estuvieron allí infiltrados hicieron nada, según admitieron: «Con tanta gente no había condiciones para una actuación operativa», dijo un guardia civil cuando se le preguntó por qué no se habían incautado de ninguno de los ``Zutabe'' supuestamente distribuidos al final.

Otegi, Permach y Alvarez apelaron al sentido común para explicar al tribunal que ningún representante político se encarga de los detalles de un mitin: ni del escenario, ni del guión, ni de los dantzaris, ni de los vídeos que se vayan a emitir. Pero en este caso, son culpables salvo que demuestren lo contrario. La Fiscalía opina que «es impensable que no controlaran el acto». Y uno de los guardias civiles fue más allá: «Todos los actos de Batasuna de esta trascendencia tienen que estar en conocimiento de la banda terrorista».

Tampoco queda claro por qué sólo estos tres dirigentes han sido imputados, y no otros intervinientes en el acto. ¿Acaso porque sólo Otegi, Permach y Alvarez estaban en la política activa y en cargos de dirección?

4. El tribunal

El presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, tuvo en sus manos un caso muy parecido a éste, según explicó Goirizelaia. Absolvió al convocante de una manifestación al aceptar que no era responsable de los gritos lanzados en la misma. Este caso de Anoeta es análogo, pero con elementos exculpatorios añadidos: el objetivo del mitin -presentar una propuesta de paz-, el aval oficial -nadie lo prohibió- la cesión del Velódromo -el Ayuntamiento del PSOE no puso pegas-, las reuniones previas -con políticos o periodistas-, las positivas valoraciones posteriores... Todo un contexto que, sin embargo, el juez ha preferido obviar esta vez.

 

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