La plataforma Sakana Bizirik se manifestó el pasado sábado en contra de la incineradora de Olazti, a raíz de que el Grupo Cementos Portland Valderrivas ha solicitado ante el Gobierno de Nafarroa el inicio de la actividad de incineración rompiendo el compromiso de no proponer un proyecto que no cuente con la conformidad de los habitantes de la Sakana.

Con la concentración que tuvo lugar en Olazti, la plataforma Sakana Bizirik quiso denunciar el hecho de que el grupo cementero no haya mantenido su palabra. Al mismo tiempo, manifestó que «no es bueno para nadie que se elija el camino de la imposición para materializar un proyecto de incineración que no quiere nadie».

Según apuntó Sakana Bizirik, la puesta en marcha de la incineradora de Olazti representa el inicio de la incineración de residuos en el herrialde, lo que considera un problema. Los opositores a este proyecto creen que, de esta manera, se está dejando en manos privadas la decisión de ubicar una actividad «muy peligrosa y perjudicial para la salud y el desarrollo de la zona» cerca de Altsasu y Olazti, los parques naturales de Urbasa-Andia y Aralar y del pantano de Urdalur, que abastece de agua los pueblos de la Sakana.

En opinión de la plataforma, la actividad de incineración de residuos entraría en competencia con la recuperación y el reciclaje, y no contribuiría al fomento de la reducción de residuos. Por todo ello, hizo un llamamiento a toda la sociedad navarra para que tome conciencia de la situación que se daría si la multinacional abriera la incineradora. La plataforma exigió que no se conceda ninguna autorización que pueda permitirlo. Para conseguir apoyos han puesto en marcha una serie de acciones encaminadas a la difusión del problema.

Un cambio ecologísta

Greenpeace, por su parte, presentó alegaciones al Plan Integrado de Residuos de Nafarroa 2010-2011 en el que se prioriza la quema de residuos frente a políticas de reducción, reutilización y reciclaje que marca la jerarquía de la Directiva Marco de Residuos. Los ecologistas pidieron la retirada del texto y la elaboración de un nuevo plan que cumpla la Ley y sea ambientalmente sostenible.

Esta organización opina que la opción de la incineradora puede ser fácilmente descartada porque es la más cara, la que genera menos empleos y la más perjudicial para la salud y el medio ambiente.

Greenpeace hizo hincapié en que existen otras alternativas viables económica, social y ambientalmente, como por ejemplo el sistema de recogida puerta a puerta, que ya ha demostra- do funcionar bien en más de 100 municipios en el Estado español y que permite reducir las basuras al mínimo para conseguir el objetivo último de «residuo cero».