A las 19.30, en el bilbaino Puente de Cantalojas, a escasos metros de donde el martes agentes de la Policía Municipal y de la española efectuaron durante varias horas en locales y en la calle una redada contra inmigrantes africanos, varios colectivos sociales la denunciarán, al considerarla una actuación «racista». Lo curioso es que una hora antes, en el Salón Arabe del Consistorio bilbaino, se constituirá el Consejo Local de Inmigración.

El origen de la movilización impulsada por SOS Racismo, Harresiak Apurtuz, Berriotxoak y la plataforma Mbolo Moy Doole es la operación desarrollada por policías españoles de la Brigada de Extranjería, con el apoyo de patrullas de la guardia urbana, en el tramo de la calle García Salazar entre San Francisco y Juan de Garay, en búsqueda de inmigrantes «sin papeles». En ese entorno, existen varios locales comerciales frecuentados por personas de origen africano.

Los promotores de la concentración denunciaron que las identificaciones -que se saldaron con una veintena de detenciones- se realizaron en virtud de rasgos fenotípicos. Así, por ejemplo, una pareja ha interpuesto una denuncia ante el Ararteko porque los policías exigieron la identificación a la persona de raza negra mientras ordenaban circular a la blanca, también extranjera, que pidió explicaciones a los agentes.

«Estos comportamientos han sido denunciados por numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos y España ya ha sido sancionada por el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU del 17 de agosto de 2009 por un caso similar», advirtieron. Los grupos hablan de «criminalización del barrio y de las personas extranjeras, y la arbitrariedad de las actuaciones y de la elección del lugar de la redada -explicaron-, donde se encuentra una peluquería, una tienda de comestibles, un locutorio y varios bares frecuentados por personas autóctonas y extranjeras».

SOS Racismo Bizkaia, la coordinadora Harresiak Apurtuz, el colectivo contra la exclusión social Berriotxoak y la plataforma Mbolo Moy Doole anunciaron que estudian la posibilidad de ejercer acciones penales «por la retención de personas en situación regular o europeas que en ese momento no tenían la documentación con ellas».