El Gobierno indio convocó ayer una reunión multipartita para intentar desactivar la crisis parlamentaria surgida de un escándalo de corrupción que ha empañado un poco más la imagen de la clase política.

Por séptimo día consecutivo, la oposición aprovechó la sesión parlamentaria de ayer para reclamar que se cree una comisión de investigación sobre las supuestas ventas fraudulentas de licencias de telecomunicación. Según los comentaristas, se trata de la peor crisis que atraviesa el Gobierno desde hace seis años.

El ministro de Telecomunicaciones, Andimuthu Raja, quien dimitió el 14 de noviembre, está acusado de haber entregado a firmas amigas las licencias de telefonía móvil de segunda generación (2G) en 2008, provocando al Estado pérdidas de 30.000 millones de euros.

El ministro de Finanzas, Pranab Mukherkee, reclamó a los dirigentes de todos los partidos que se reúnan para que el Parlamento pueda continuar con su labor, especialmente en lo que se refiere a la adopción de reformas económicas, declaró a France Presse el portavoz del Partido del Congreso, Manish Tewari.

El primer ministro, Manmohan Singh, desmintió las acusaciones de que no había tomado ninguna medida tras las sospechas de corrupción y añadió que quiere castigar a todos los culpables.

Pero su formación, el Partido del Congreso (centroizquierda) que dirige Sonia Gandhi, rechazó la apertura de una comisión parlamentaria, argumentando que ya está investigando.

Este escándalo, que ocupa la primera página de los diarios indios desde hace días, ha provocado la ira de la población, hastiada de la corrupción en un país donde cientos de millones de personas son pobres.