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Guevara denuncia a un abogado por irse de un juicio al no poder ejercer la defensa
El juez de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara pidió ayer que se investigue al letrado vasco Zigor Reizabal después de que éste se fuera de un juicio contra quince acusados de «kale borroka», alegando que la defensa no había podido preparar adecuadamente el procedimiento porque habían alcanzado un acuerdo con el fiscal Luis Barroso, que sustituía la petición de 11 años de cárcel por penas de multa. Finalmente, la Fiscalía se echó atrás y la vista oral se celebró.GARA | MADRID
Fue duro el enfrentamiento del presidente del tribunal, que dedujo testimonio a Zigor Reizabal por «impedir la celebración del juicio», con los cinco abogados defensores, que argumentaron que habían acudido a la vista oral de ayer con la idea de que el acuerdo de conformidad, que sustituía la petición de 11 años de cárcel por penas de multa, contaba con «el respaldo de la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional», tal y como explicó el letrado Iñigo Iruin.
Alfonso Guevara, que también ordenó que la cinta del juicio se remita al Colegio de Abogados para que analice si Reizabal puede ser sancionado, suspendió la sesión hasta hoy, tras negarse a un aplazamiento que fue solicitado por las dos partes. Los abogados alegaron que sin prepararse el juicio se podía vulnerar el derecho de defensa de sus clientes, mientras que el fiscal recordó que el juicio también estaba señalado para los días 2 y 3 de diciembre.
Las constantes consultas entre los cinco abogados de los quince acusados, entre los que también se encontraban Ainhoa Baglietto y Joseba Elosua, provocó el enfado del juez Guevara, que ordenó a gritos que se callaran. «¡Guarden silencio, lo he advertido ya, parece que me quieren alterar, es una falta de respeto para el Ministerio Fiscal!», vociferó.
Diálogo previo con el fiscal
Durante su turno de intervención, Iruin detalló que las de-fensas habían mantenido «un proceso de diálogo» con el Ministerio Fiscal para buscar un acuerdo que impidiera la celebración del juicio y que Barroso le había entregado personalmente «hace 15 días» una carpeta de color verde con dos proyectos de conformidad, uno de los cuales contaba con el respaldo de todas las defensas.
Tras ser amonestado por Alfonso Guevara por llevar a la sala de vistas «conversaciones de café», Iñigo Iruin solicitó la suspensión del inicio del juicio oral alegando que no habían preparado la defensa, porque entendían que el proyecto «tenía el respaldo de la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional». «Hemos venido con esa idea, con esa voluntad, pensando que eso era así y ahora ningún borrador tiene validez y la proposición del Ministerio Fiscal queda en nada», se quejó el abogado donostiarra.
Después de frustrar dos nuevos intentos de explicación por parte del letrado Joseba Elosua, que se dirigió al tribunal «con absoluto respeto y apelando a su benevolencia», y otro del fiscal, el presidente del tribunal advirtió de que la celebración del juicio era «una decisión firme de la Sala» porque no existía «ninguna causa de suspensión legal». «Es una situación absolutamente intolerable», dijo después Guevara, visiblemente enfadado, tras acusar a los aboga- dos de la defensa de querer «torpedear el juicio».
De esta forma, llamó a declarar al acusado Joxean Astigarraga, que se negó a contestar a las preguntas del fiscal y que tampoco fue interrogado por su abogada, Ainhoa Baglietto. En el momento del segundo interrogatorio, el de Aitor Domezain, Zigor Reizabal anunció su intención de retirarse del juicio. «Abandono la sala, no como un acto de obstrucción a la justicia, sino porque prima el derecho de defensa de mi defendido», dijo mientras se marchaba de la sala de vistas. «¿Quiere abandonar la sala en silencio? ¡Guarde silencio!», le siguió espetando a voces el presidente del tribunal.
Tras esta decisión, Guevara suspendió la vista «hasta mañana [por hoy] a las diez en punto» y anunció su intención de pedir que el letrado sea investigado por «su responsabilidad penal al impedir la celebración del juicio» y ordenar que se «dé cuenta» de los hechos al decano del Colegio de Abogados.
Los acusados, algunos por el mero hecho de pertenecer a la Junta Directiva de la asociación de la parte vieja donostiarra Herria, se enfrentan a penas de hasta 11 años de cárcel.
«Abandono la sala, no como un acto de obstrucción a la justicia, sino porque prima el derecho de defensa de mi defendido», dijo Zigor Reizabal mientras el juez Alfonso Guevara le espetaba: «¿Quiere abandonar la sala en silencio? ¡Guarde silencio!».
La causa fue abierta en el año 2000, pero ha permanecido años olvidado en el tribunal especial. Debido a la demora, según informaron a GARA, fue la propia Fiscalía la que se dirigió a los letrados para ofrecer el acuerdo.