El nuevo reajuste social del Gobierno de Patxi López, de revisar, una por una, las 88.000 ayudas sociales para evitar el fraude, ha gozado de los mejores titulares de la prensa vasca. Primera página, encuestas en la calle, tertulias y comentarios de expertos cuya misión es convencer a la ciudadanía de que el dinero público es una cosa muy seria y no se puede repartir al libre albedrío entre vagos y estafadoras. Y tienen razón, lo que ocurre es que su discurso equivoca deliberadamente el sujeto a vigilar y pone el punto de mira en la clase que ellos han decidido borrar de la sociedad, es decir, los que subsisten bajo el umbral de la pobreza. Pero si la gente, en lugar de contemplar durante horas las vulgaridades televisivas de Belén Esteban o de Juanito Oiarzabal, dedicara un minuto al día a pensar, se daría cuenta de que los vagos y estafadores, los que defraudan, están en otra clase más pudiente y sin riesgo de exclusión; en el empresariado, en las profesiones liberales, en los que explotan a inmigrantes en la economía sumergida... Pero vayamos a las matemáticas que no mienten. En la CAV, se estima que el fraude fiscal alcanza los 10.000 millones de euros anuales. En cambio el presupuesto que Lakua destinará a ayudas sociales en el 2011 es de 340 millones de euros. Si hacemos una simple resta (10.000-340) veremos que el fraude de los más ricos supera en 9.660 millones al de los pobres. Eso suponiendo (y es una indecencia suponerlo) que todos los que cobran ayudas defraudan a la Administración. ¿Para cuándo un titular a cuatro columnas con esta simple resta?