El 19 de noviembre, la Directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco «acompañaba» a los familiares de los represaliados en el campo de concentración de Gurs en una visita a Gernika.

Le tocaba a la consejera de Justicia, Idoia Mendia, el día 25, mostrar ante la prensa los sentimientos caritativos del Gobierno Vasco hacia las familias de dos víctimas de la rebelión militar de 1936, a la vez que se hacía entrega de los restos humanos encontrados en una fosa de la localidad alavesa de Ribera Alta.

No podemos ocultar nuestra indignación ante este tipo de actuaciones hipócritas en la forma y el contenido. En la forma, ya que aun siendo un acto con el objetivo de dar relumbre a la figura de la consejera, el Gobierno Vasco, tan dado a pompa y oropel en otro tipo de eventos, no se molestó ni en depositar los restos de los dos fusilados, Florentino García y Mónica Barrón, en una urna dispuesta para tal fin, sino en una caja de plástico, de las de guardar enseres caseros. La entrega se escenificó entre botellines de agua, vasos y ceniceros con caramelos. Una muestra más de la nula consideración humana, social y política hacia la memoria de las víctimas del genocidio franquista. ¿Se imagina alguien este mismo escenario para la entrega no ya de restos mortales, sino de una simple medalla honorífica a los familiares de cualquiera de los homenajeados en el reciente «día de la memoria»?

Los familiares arrebatados por los franquistas son utilizarlos para lavar la imagen de unas instituciones que carecen de una política pública integral de memoria.

En cuanto al contenido, este Gobierno, al igual que hiciera el anterior tripartito, sigue ignorando la justa exigencia de las asociaciones memorialistas de que sean las propias instituciones públicas las que investiguen las responsabilidades penales por tales hechos, presentándose como acusación e instando a la fiscalía para que abra diligencias sobre lo acontecido a estos ciudadanos fusilados y desaparecidos. Se escudan en «la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Memoria Histórica de 2007» (nueva ley de punto final) para rehuir sus responsabilidades e ignorar las convenciones internacionales. El Estado español ha ratificado estas convenciones contra la pena muerte, los asesinatos extrajudiciales, la tortura, las desapariciones forzadas, etcétera. No las está cumpliendo y ha sido amonestado reiteradamente por los diferentes relatores y altos comisionados de las Naciones Unidas.

El próximo 23 de diciembre de 2010 entrará en vigor la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Convención ratificada por el Estado español y que el Gobierno Vasco está obligado a cumplir. Los estados firmantes se comprometen a investigar los hechos y «procesar a los responsables» (art. 3). El artículo 5 tipifica estos hechos como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles a la luz de la «Convención de las Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad» (resolución 2.391, de 26/11/1968) y la «Convención europea sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra» (Consejo de Europa de 25/1/1974).

Nada de esto se está respetando. El Gobierno Vasco se ha negado a aprobar planes de acción elaborados por las asociaciones de familiares siguiendo los criterios de los mencionados convenios internacionales, que son el marco legal en que se fundamenta nuestra defensa de los derechos de las víctimas del franquismo.

Ésta es la realidad política y jurídica. Un Gobierno que intenta ocultar sus responsabilidades y su falta de voluntad para responder positivamente a los derechos de las víctimas. Actitud comparable con aquella moral franquista que quiso convertir el Valle de los Caídos en símbolo de «todos» los que sufrieron en la guerra, mientras se seguía reprimiendo, asesinando, ilegalizando; o con la de Falange Española que, a través del auxilio social, repartía caridad a los hijos de aquellos a quienes el régimen había fusilado, hecho desaparecer o imponía cárcel, exilio o marginación social.

Aquellos niños de la guerra, hijos de «rojos-separatistas», son hoy abuelos cuyas figuras son un reclamo para los políticos profesionales y continúan recibiendo el mismo trato que antaño por parte de las actuales instituciones. Pretenden utilizarlos, tal como lo hizo el régimen franquista, para mostrar al mundo, a través de sus aparatos de propaganda (la EITB de hoy cumple en este terreno la misma función que ayer el NODO), la humanidad del régimen y el sentido de justicia democrática. Quienes siguen pretendiendo utilizar los sentimientos de desesperanza de miles de familias por la inexistencia de una política pública integral de defensa de sus derechos siguen cometiendo un acto, tal vez inconsciente, de crueldad extrema, ya que se basa en la mentira de que así se está haciendo justicia.

No se cumplen las convenciones internacionales sobre derechos humanos ni se toman en consideración las exigencias reiteradas que hemos realizado las asociaciones de familiares. Se siguen realizando actos de propaganda, como ésta entrega de restos, pero sin la más mínima intención de hacer nada para investigar la verdad, procesar a los responsables de sus muertes, ni reparar los daños causados. Mientras siga esta situación y no se anulen las leyes de punto final y se ponga fin a la impunidad, seguiremos denunciando estas prácticas y exigiendo el respeto de nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación, incluidas las garantías de no repetición.