Los aeropuertos de todo el Estado, incluidos los vascos, volvían ayer a estar totalmente operativos. El Gobierno español garantiza además que no habrá nuevos contratiempos por este motivo y que los desplazamientos en las próximas Navidades están garantizados. Pese a la normalización de la situación, el «estado de alarma» aprobado en Consejo de Ministros extraordinario el sábado se mantendrá durante los quince días aprobados inicialmente.

El mensaje de «mano dura» fue recalcado ayer por el Gobierno español, tanto por el portavoz, vicepresidente y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como por el de Fomento, José Blanco. En una de sus frases lapidarias, Rubalcaba dijo en una emisora que «quien le echa un pulso al Estado, pierde». Y se presentó como garante de la tranquilidad ciudadana: «Había que hacerlo, no puede ser que periódicamente se eche un pulso al Estado sin que el Estado responda».

Por su parte, Blanco añadió que AENA ha abierto ya 442 expedientes disciplinarios a controladores; afectan a quienes adujeron enfermedad sin presentar justificantes y a quienes no fueron a trabajar alegando que ya habían cumplido el cupo de horas anual. Un centenar de ellos será citado el jueves por la Fiscalía de Madrid. El ministro de Fomento también pone el acento en que «mi única preocupación es la situación de los ciudadanos».

La inédita militarización del control aéreo se mantendrá. Ningún portavoz del Gobierno dio ayer señal alguna de que el decreto se vaya a modificar, más bien al contrario. Así, por ejemplo, fue el Ministerio de Defensa quien informó públicamente de la disposición de los controladores: «Todos los que tienen que estar están, y los pocos que no están, que se cuentan con los dedos de una mano, son casos puntuales justificados». Cerca de 200 militares se encuentran permanentemente en las 43 instalaciones aeroportuarias, dos de media y un tercer suplente en la mayoría de los casos, para garantizar que los controladores -convertidos en militares y sometidos a su régimen penal- cumplen. Al frente de todo se sitúa al jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, general José Jiménez Ruiz.

La situación parece admitirse con normalidad en el Estado español -«ha sido oportuno y acertado», dijo Blanco-, pero supone algo absolutamente extraordinario. No sólo en el Estado español, donde no se había aplicado esta medida desde que se previó en 1978, sino también en Europa. La Coordinadora Europea de Asociaciones de Controladores Aéreos condenó ayer la actitud de Madrid, la calificó de «impropia de un país europeo democrático» y añadió que los controladores «están como prisioneros custodiados por soldados armados y policías».

El conflicto aéreo había pillado al Gobierno español en su momento más bajo. La última encuesta de intención de voto conocida, encargada y publicada ayer por ``El País'', ofrecía unos datos demoledores. Su estimación caía del 33,8% del mes de noviembre al 23,4%, lo que supone su peor resultado. El PP se sitúa en el 43,1%, o sea, casi dieciocho puntos por encima. Se muestra que el repunte producido por el cambio de Gobierno, el llamado por algunos «efecto Rubalcaba», duró poco, y se impone la realidad diaria de las medidas económicas del Gobierno Zapatero, marcadamente impopulares. La misma encuesta constata el rechazo mayoritario a estas decisiones. Y eso que el sondeo se realizó el 1 y 2 de diciembre, es decir, antes de la aprobación de más recortes (supresión de la ayuda de 426 euros a parados) y privatizaciones, y también del anuncio de que la reforma de las pensiones se aprobará en enero. Este último plan suscita un rechazo muy alto: el 67% se opone.

No hace falta esperar al próximo sondeo para vaticinar que el Gobierno Zapatero-Rubalcaba ha mejorado su imagen ante una gran parte de la ciudadanía con su gestión de esta crisis.

La solución dada, además, ha neutralizado al PP. Su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo que salir ayer a la palestra para aclarar que apoyan al Ejecutivo en esta cuestión. Lo hizo después de que las críticas lanzadas en el primer momento por algunos dirigentes fueran contestadas por el PSOE con un argumento muy dañino: «El PP se sitúa al lado de los controladores». Un dirigente menor del PSOE, Gustavo Zarrías, echó más leña al fuego al asegurar que el partido de Mariano Rajoy se había reunido con sus representantes y al insinuar una especie de connivencia.

Para el PP, mantener el tema en primera línea de su agenda anti-Gobierno suponía efectivamente alinearse con los autores del plante y frente la mayoría social. Y tras el «estado de alarma», también frente al Ejército, dado que a éste se le ha encomendado la gestión aérea. Así que el PP ha tenido que guardarse para otra ocasión su batería dialéctica e incluso, parece ser, el vídeo que un Mariano Rajoy indignado se hizo grabar cuando estaba tirado en el aeropuerto de Lanzarote.

Y es que el PSOE ha despachado este asunto como lo hubiera hecho un gobierno de derecha pura y dura.