Las FARC anunciaron ayer la puesta en libertad de tres uniformados y dos concejales, como un gesto de humanidad, en una carta enviada a la senadora colombiana Piedad Córdoba, despojada de su cargo por su intento de mediar para una solución negociada al conflicto.

La guerrilla exige al Gobierno que permita la participación de Córdoba en los operativos humanitarios que deberán ser desplegados para ir a buscar en un punto de la selva a estos cinco rehenes. El Ejecutivo de Santos guardaba silencio. Córdoba fue inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos.

Las FARC renuevan su «solidaridad incondicional» para con esta política, incriminada en base a supuestos datos extraidos de un ordenador que la guerrilla asegura fue manipulado por la Policía.