La Audiencia Nacional absolvió ayer a tres políticos abertzales de un delito de «enaltecimiento del terrorismo». En aplicación del principio jurídico in dubio pro reo, el tribunal concluyó que existe un margen de duda suficiente y razonable sobre la implicación de Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez en los hechos constitutivos de delito. Se cerró así el juicio por el acto de Anoeta, donde se dio a conocer una propuesta metodológica para el logro de la paz. Seis años después, la propuesta reconstruida con nuevas bases y anclajes internacionales, con una aclaración estratégica decisiva en el seno de la izquierda abertzale y multiplicando las alianzas del espectro independentista de izquierdas avanza, no exenta de dificultades y provocaciones, por el camino de las soluciones. A pesar de que Arnaldo Otegi esté preso, Joseba Permach y Joseba Álvarez tengan el derecho para ejercer la política restringido y de que la rueda de procesos políticos contra militantes abertzales ni se haya parado, ni nada indique que se vaya a parar.

Desde la perspectiva de la clase política española el ensañamiento judicial con las aspiraciones abertzales y el castigo a sus líderes cotiza al alza en la opinión pública española. Y la Audiencia Nacional siempre ha sido un casino donde «comprar» permisos para detener y «vender» éxitos y eficacia. A saber: un negocio seguro y recurrente. Más allá de la casuística de esta o aquella sentencia, la lógica y la razón exigen la quiebra de ese negocio de compraventa para un futuro de la política vasca democráticamente normalizado y regenerado. Sencillamente, que la Audiencia Nacional deje de marcar agenda y condicionar su desarrollo.

El juicio por la propuesta de Anoeta jamás debió celebrarse. Como tampoco debieron hacerlo tantos y tantos procesos habidos, y por haber. El futuro de este país necesita a Arnaldo Otegi en la calle y haciendo política. Necesita a todos los militantes abertzales en libertad. El compromiso con un futuro de soluciones exige a todos recuperar la política con mayúsculas y liberarla de la Audiencia Nacional. Su desaparición de la vida pública vasca no deja, en este caso, margen de duda favorable.