El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer que los controladores que faltaron a sus puestos de trabajo los pasados días 3 y 4 (viernes y sábado), antes de que el Gobierno español decretara el estado de alarma, se enfrentan hasta a 8 años de prisión por un «delito de sedición». Conde-Pumpido, que presidió la Junta de Fiscales en Zaragoza, en la que se trató por vía de urgencia el conflicto de los controladores aéreos y sus repercusiones penales, concretó que se propondrán penas de entre tres y ocho años de cárcel para los controladores que sean imputados.

El máximo representante de la Fiscalía española, en declaraciones recogidas por Efe, destacó que el abandono colectivo de un aeropuerto y la paralización del tráfico aéreo de todo el Estado suponen un delito «muy grave», y agregó que que los hechos que pudieran cometerse a partir de las 13.00 horas del pasado sábado -cuando se decretó el estado de alarma- serían enjuiciados por la jurisdicción militar, algo que, sostuvo, es «perfectamente constitucional».

Conde-Pumpido confirmó que hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas responsables -Aena las cifra en 440- a los que se exigirá la correspondiente responsabilidad. A todos ellos se les aplicará a Ley Penal de Navegación Aérea, que establece, a partir del artículo 20, diferencias de responsabilidad «entre los dirigentes y los controladores que siguen instrucciones», por lo que, según explicaron fuentes de la Fiscalía, ésta «va a trabajar en el objetivo común de identificar a los dirigentes del hecho porque la responsabilidad penal se agrava en aquellos que lo han organizado con respecto a los que han hecho seguidismo», si bien, apostillaron, «no se dejará fuera a nadie».

Los controladores no declaran

Por su parte, los controladores citados ayer por la Fiscalía de Madrid se negaron a declarar. Según explicó el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, los controladores aseguraron que se replantearán su postura cuando sean citados por el juez que consideran competente, ya que, sostuvieron, tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma no deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar. Esteban señaló al respecto que la Fiscalía les había aclarado que la jurisdicción ordinaria es la única competente por ahora, ya que los hechos por los que iban a ser preguntados son los ocurridos entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno español decretara el estado de alarma.

También relató que no se había adoptado ninguna medida cautelar contra estos controladores ya que no se puede actuar con «finalidad coactiva» ante su derecho a no declarar.

Precisamente ayer por la mañana, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) presentó dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los decretos que establecen el estado de alarma y la militarización de los servicios civiles de tránsito aéreo.

Fuentes de USCA dijeron que sus asesores jurídicos tienen «serias dudas» acerca del procedimiento seguido por el Gobierno para dictar estos decretos, así como sobre los fundamentos legales de dichas normas.