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La Fiscalía pedirá hasta ocho años para los controladores por sedición

Los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo el viernes por la tarde y hasta el sábado a mediodía se enfrentan a una acusación de sedición, que les podría suponer una condena de hasta ocho años de cárcel. Lo ocurrido a partir de las 13.00 del sábado será enjuiciado por la jurisdicción militar, según explicó ayer el Fiscal General del Estado. Los controladores han recurrido el decreto de alarma.

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El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer que los controladores que faltaron a sus puestos de trabajo los pasados días 3 y 4 (viernes y sábado), antes de que el Gobierno español decretara el estado de alarma, se enfrentan hasta a 8 años de prisión por un «delito de sedición». Conde-Pumpido, que presidió la Junta de Fiscales en Zaragoza, en la que se trató por vía de urgencia el conflicto de los controladores aéreos y sus repercusiones penales, concretó que se propondrán penas de entre tres y ocho años de cárcel para los controladores que sean imputados.

El máximo representante de la Fiscalía española, en declaraciones recogidas por Efe, destacó que el abandono colectivo de un aeropuerto y la paralización del tráfico aéreo de todo el Estado suponen un delito «muy grave», y agregó que que los hechos que pudieran cometerse a partir de las 13.00 horas del pasado sábado -cuando se decretó el estado de alarma- serían enjuiciados por la jurisdicción militar, algo que, sostuvo, es «perfectamente constitucional».

Conde-Pumpido confirmó que hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas responsables -Aena las cifra en 440- a los que se exigirá la correspondiente responsabilidad. A todos ellos se les aplicará a Ley Penal de Navegación Aérea, que establece, a partir del artículo 20, diferencias de responsabilidad «entre los dirigentes y los controladores que siguen instrucciones», por lo que, según explicaron fuentes de la Fiscalía, ésta «va a trabajar en el objetivo común de identificar a los dirigentes del hecho porque la responsabilidad penal se agrava en aquellos que lo han organizado con respecto a los que han hecho seguidismo», si bien, apostillaron, «no se dejará fuera a nadie».

Los controladores no declaran

Por su parte, los controladores citados ayer por la Fiscalía de Madrid se negaron a declarar. Según explicó el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, los controladores aseguraron que se replantearán su postura cuando sean citados por el juez que consideran competente, ya que, sostuvieron, tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma no deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar. Esteban señaló al respecto que la Fiscalía les había aclarado que la jurisdicción ordinaria es la única competente por ahora, ya que los hechos por los que iban a ser preguntados son los ocurridos entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno español decretara el estado de alarma.

También relató que no se había adoptado ninguna medida cautelar contra estos controladores ya que no se puede actuar con «finalidad coactiva» ante su derecho a no declarar.

Precisamente ayer por la mañana, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) presentó dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los decretos que establecen el estado de alarma y la militarización de los servicios civiles de tránsito aéreo.

Fuentes de USCA dijeron que sus asesores jurídicos tienen «serias dudas» acerca del procedimiento seguido por el Gobierno para dictar estos decretos, así como sobre los fundamentos legales de dichas normas.

Bilbao Air cifra en 137 los vuelos cancelados en el aeropuerto de Loiu durante el pasado puente

La Sociedad para la Promoción del Aeropuerto de Bilbao estima que la huelga de los controladores ha provocado en el aeropuerto de Loiu una pérdida superior al 20% en el número de pasajeros que esperaba mover estos días. En el boletín informativo de Bilbao Air, se señala que «la huelga encubierta» protagonizada por los controladores hizo que de los casi 700 vuelos previstos, entre despegues y aterrizajes, para este puente, se cancelaran 137. «El abandono de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo el pasado viernes, en pleno inicio del puente más largo del año, echó por tierra las buenas expectativas que se preveían para estos días«, se lamenta a este respecto.

Por su parte, el director general de Viajes Eroski, Iñaki Bujanda, calificó de «monstruoso» el número de personas que se han visto afectadas por esta huelga, al tiempo que cifró en unos 4 millones de euros el reembolso que tendrán que hacer a las personas que habían reservado viajes y que no han podido disfrutarlo.

En declaraciones realizadas a Europa Press, explicó que devolverán el dinero de «todos los servicios no prestados por los mayoristas y los tour operadores», además de asumir la parte de gestión con las compañías aéreas. «Seguimos trabajando para resolver todo este desaguisado que nos ha montado esta situación», aseguró Bujanda, quien detalló que desde ayer los afectados se están acercando a las oficinas de Viajes Eroski para gestionar la devolución de los importes por aquellos servicios no disfrutados. Desde la agencia recomiendan que, además de la reclamación económica por los servicios no disfrutados, se hagan reclamaciones en organismos de consumidores y en plataformas que se están agrupando para hacer reclamaciones. GARA

Zapatero recibe el apoyo del Congreso al estado de alarma

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió ayer el apoyo parlamentario al estado de alarma declarado el pasado sábado en respuesta a la «huelga» de los controladores.

Pese a que algunos grupos del Congreso exigieron que se retire lo antes posible el estado de alarma, Zapatero aseguró que lo mantendrá e, incluso, pedirá a la Cámara su prórroga en función de cómo se desarrollan los acontecimientos.

Dijo que es una medida proporcionada ante la gravedad de los efectos de la protesta de los controladores, que el mandatario español definió como «una afrenta al orden público constitucional». GARA

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