La crisis provocada por el conflicto de los controladores aéreos del Estado español ha dejado sobre la mesa debates sobre el sueldo de los controladores, la intervención del Gobierno español, el estado de alarma o la posibilidad de que se repita un caso aéreo similar al del pasado puente.

Sin embargo, la magnitud de la crisis, con miles de personas atrapadas en los aeropuertos, el espacio aéreo cerrado y la intervención del Ejército han servido también para ocultar otros aspectos que han pasado sin apenas discusión, y que también están relacionados con el conflicto. Uno de ellos es la situación de AENA, la empresa pública encargada de gestionar los aeropuertos y el tráfico aéreo del Estado español y cuya privatización quiere acometer el Gobierno español.

La privatización de AENA es una de las medidas de recortes de gastos y venta de patrimonio público que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha aprobado con el fin de reducir el déficit público y adaptarse a las exigencias de la Unión Europea, el FMI y los tan recurridos «mercados». Las medidas se aprobaron en el Consejo de Ministro del pasado día 3 de diciembre, junto a la eliminación de la ayuda a los parados de 426 euros, la subida del tabaco o la privatización de parte de Loterías del Estado. Casualmente, el mismo día también se aprobó la nueva organización laboral de los controladores y sus jornadas, que motivó el abandono de sus puestos de trabajo.

Se trata concretamente de dar entrada al capital privado en la futura Aena Aeropuertos vendiendo hasta un 49% de la entidad pública. Pero la crisis de la semana pasada ha servido al Gobierno para «vender» la necesidad del cambio de gestión, y de paso, se acalla la protesta sindical por la privatización. De hecho, lo sindicatos ya han afirmado que el «escenario ha cambiado» y que el momento «no es el oportuno» para movilizaciones para defender.

Deuda de 12.000 millones

Pero además, la situación de AENA también queda escondida detrás del ruido de los aeródromos colapsados y los controladores bajo la jurisdicción militar. Según miembros del sindicato de controladores USCA de Palma de Mallorca, en un texto que circula hace semanas por internet, AENA adeuda 12.000 millones de euros y el agujero se amplía cada día con intereses de 800.000 euros. Según estos controladores los números rojos, consecuencia de la inversión en nuevas infraestructuras de los últimos años, han llevado a la entidad pública al peligro de ser embargada por sus acreedores, bancos extranjeros.

Los controladores acusan además a AENA de haber adjudicado estas obras a tres empresas afines al PSOE.

Afirman que los planes de privatización han sido diseñados para dejar en manos extranjeras la empresa de gestión aeroportuaria y las vinculan a las presiones desde medios financieros que cuestionaban la solvencia del Estado español.

Según el USCA, los planes pasan por dejar a las Comunidades Autónomas los aeropuertos pequeños menos rentables, mientras en los grandes, la mayor parte se la llevarían los inversores extranjeros. También recuerdan el interés de CiU en la privatización por participar en la gestión de El Prat.

Para estos controladores, el Gobierno los está utilizando como «pantalla de humo para que la opinión pública no se percate de lo que está sucediendo entre bambalinas hasta que sea demasiado tarde. Por eso, AENA necesita que los controladores se pongan en huelga o que, cuando menos, parezca que lo están para que el foco mediático siga sobre ellos y toda su arriesgada campaña de distracción siga funcionando».

El caso es que el mensaje está redactado antes de la crisis de los controladores de la semana pasada. Por su parte, el Gobierno español ha desmentido estas acusaciones en declaraciones a «Elplural.com», y sostiene que la venta de parte de AENA no va a suponer la pérdida del control público de la sociedad.

Igualmente, ha negado la posibilidad de embargo y afirma que el 71% de la deuda está contraída con entidades públicas y no tiene problema para hacer frente a su pago.

Abaratar el servicio

Otro documento, divulgado por El confidencial, señala que AENA teme por su supervivencia si no ofrece un servicio más barato, ya que en el año 2030 se configurará un negocio con concentración del número de proveedores de servicios de navegación en ruta -a través de fusiones y absorciones-, así como del número de dependencias operativas.

Según estas fuentes, un documento titulado «Escenario futuro de la provisión de servicios de navegación aérea de España» revela que el núcleo principal de negocio de navegación aérea está constituido por la provisión de servicios en ruta y aproximación, que AENA prevé mantener bajo su control. Sin embargo, anticipa la liberalización del servicio de control aéreo, lo que los controladores califican como «privatización de las torres de control» y, según ellos, explican las acusaciones contra el colectivo.

AENA prevé reducir además el número de centros de control. En esta línea, en el anterior conflicto con los controladores se aprovechó para introducir el sistema de control automatizado en los aeropuertos más pequeños.

Según este documento, la nueva estructura organizativa creará una empresa de navegación aérea para aeropuertos grandes y otra empresa de servicios de tránsito aéreo para aeropuertos pequeños.