Los cables revelados por Wikileaks han dejado en evidencia la falsedad intrínseca de la diplomacia, el trecho que va de las palabras dichas en público a las promesas hechas en privado. Basta con dos ejemplos que tocan de lleno al Estado español: a sus posicionamientos sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y sus promesas a la familia del cámara José Couso.

Los papeles arrojan luz sobre la relación preferencial que mantiene Madrid con su vecino marroquí. José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE dicen respetar el derecho a decidir de los saharauis... pero éste es un tema perfectamente relegable si lo que está en juego son Ceuta y Melilla.

En uno de los documentos del Departamento de Estado de EEUU, el secretario de Seguridad español, Antonio Camacho, confiesa al coordinador de la lucha «antiterrorista» estadounidense, Dell Daily, que la prioridad del Gobierno es controlar la supuesta amenaza que representa el Magreb y que para ello necesita la ayuda de Rabat y Washington. En otro informe secreto, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, hace partícipe al segundo diplomático de la embajada de que el peligro es mayor por «la nueva reivindicación de liberar Ceuta y Melilla». Y el diplomático reconoce la facilidad de perpetrar ataques en ambos territorios debido a la gran cantidad de personas que atraviesan sus fronteras con Marruecos.

Lo que Wikileaks viene a dejar claro es que, en este contexto, Madrid no está dispuesto a arriesgar la colaboración con el régimen alauí por mucho que en público diga una cosa o que alcaldes del PSE como Odón Elorza coloquen la bandera saharaui en el balcón consistorial.

Otro tanto ocurre con el «caso Couso». Su familia ha presentado una denuncia contra el Ejecutivo y la Fiscalía por su connivencia con EEUU. Pese a lo dicho en privado, a Madrid nunca le interesó poner en jaque los intereses compartidos con Washington. No, al menos, por un cámara de televisión.

Así es la política real, no la que nos cuentan.