Tras registrar estas 400 nuevas alegaciones, recogidas con el apoyo de la asociación Erdiz Bizirik en Baztan, el presidente de Monte Alduide, Juan Luis Martínez, denunció que el Gobierno de UPN ha aprobado el PSIS de la cantera de Zilbeti pese a estar recusado por esta coordinadora y pese a no haber concluido el periodo de información pública del proyecto. Además, recordó que tampoco ha respondido a las 1.600 alegaciones presentadas el pasado verano.

En respuesta al consejero Alberto Catalán, dijo que las coordinadoras opositoras a este tipo de proyectos «a veces tienen razón, y aunque sean pequeñas, están avaladas por importantes organizaciones ecologistas».

Éste es el caso de SEO/BirdLife, que realizará una campaña internacional para dar a conocer a la opinión pública europea las afecciones que el Gobierno de UPN autoriza sobre un espacio que protege hábitats prioritarios y especies en peligro de extinción. Junto a ello, ha anunciado que recurrirá «a todas las instancias que sean necesarias, incluyendo los tribunales españoles y europeos», para evitar que se inicie una explotación minera que afecta a la Zona de Especial Conservación (ZEC) Monte Alduide y al Área de Importancia para la Conservación de las Aves (IBA) de Irati.

Además, recuerda que el propio estudio de impacto de la cantera, presentado por el promotor, reconoce que afectará «de forma notable» a esta ZEC, «que fue creada para proteger hábitats y especies prioritarias y no puede albergar proyectos como el autorizado, y menos sin la aprobación de la Comisión Europea».

El pasado mes de agosto esta organización ecologista presentó alegaciones durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de la cantera, trámite que considera «vulnerado» por el Gobierno de UPN debido a que «el periodo de alegaciones aún está abierto».

A este respecto, denuncia que las aproximadamente 2.100 alegaciones presentadas contra este proyecto «no se tendrán en cuenta porque la decisión ya está tomada».

SEO/BirdLife ya había advertido en varias ocasiones, mediante cartas dirigidas a Miguel Sanz y a la consejera Begoña Sanzberro, de la «irregularidad de sus actuaciones».

«Pero definitivamente se ha preferido vulnerar la ley, de forma consciente, a favor de intereses privados, y sin ni siquiera atender a los consejos técnicos propios o acometer una cuidadosa valoración de la viabilidad económica del proyecto que protegen e impulsan», afirma.