La economía sumergida representó el año pasado el 20% del PIB español
El llamado «dinero negro» alcanzó el año pasado en el Estado español un montante de 205.200 millones de euros, lo que supone un 20% del PIB. Una enorme cantidad de dinero no declarado que tiene en el sector de la construcción su principal refugio, según un estudio de la consultora A.T. Kearney y Visa Europa. También informa de que los billetes de 500 euros se han multiplicado por diez en cinco años.
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La economía sumergida alcanzó en el Estado español los 205.200 millones de euros en 2009, lo que representa el 20% del Producto Interior Bruto (PIB), según un estudio realizado por la consultora A.T. Kearney y Visa Europa presentado ayer en Madrid. El informe, difundido por la agencia Efe, indica que el volumen de economía sumergida se sitúa cinco puntos por encima de la media de Europa Occidental, en el tercer lugar considerando el porcentaje respecto al PIB, y el cuarto en volumen.
Por sectores, los de construcción (con 40.000 millones), autónomos (29.000), comercio (23.000), inmobiliario (19.000), hoteles y restaurantes (17.000) y transportes (12.000 millones) ocupan las primeras posiciones.
Billetes de 500 euros
Según el informe, la economía sumergida se concentra en las interacciones entre PYMEs (con una facturación inferior a 6 millones de euros anuales), mientras que el número de billetes de 500 euros en circulación impulsa un «incremento acusado» del número de transacciones en efectivo por importes altos. Y es que el número de estos billetes en el Estado español se ha multiplicado por diez entre 2002 y 2007, y equivale hoy día a dos tercios del total del valor del dinero en circulación.
En el estudio se destaca que la economía sumergida se basa en operaciones con el dinero en efectivo, ya que ofrece la posibilidad de realizar transacciones anónimas imposibles de rastrear, por lo que facilita el no declarar una actividad, trabajo o cobro. Así, sostiene que la lucha contra la economía sumergida en el Estado español se centra en el trabajo no declarado mediante medidas para la reducción de las cargas administrativas y fiscales, así como el aumento de los controles y la imposición y cobro de multas, mientras que centrarse en las ventas no declaradas a consumidores o entre empresas podría reducir la economía sumergida en unos 23.600 millones de euros (un 11,5% del total), según el estudio. Las ventas de automóviles y repuestos, los bares, los comedores, los taxis, autobuses y transporte, los comercios no especializados y los alojamientos de bajo coste concentran este tipo de prácticas, añade el informe.
Apunta también que el peso de esta economía sobre el PIB oscila entre el 8% y el 18% en el norte de Europa Occidental, entre el 20% y el 27% en la zona mediterránea y entre un 17% y un 33% en el Este, y sostiene que el incremento de pagos electrónicos en un 5% supondría una disminución de entre el 2% y el 3% de la economía sumergida, mientras que un aumento de hasta un 15% de estas operaciones podría suponer una reducción de la economía «en negro» de entre un 6% y un 9%.
La economía sumergida en el Estado español sumó 205.200 millones de euros. Por sectores, los de construcción (con 40.000 millones), autónomos (29.000), comercio (23.000), inmobiliario (19.000), hoteles y restaurantes (17.000) y transportes (12.000) ocuparon las primeras posiciones.
En el informe se señala que las actividades de pequeñas empresas, empleadores y personas con un volumen de ingresos alto que generan economía sumergida se perciben «como algo normal» en la sociedad, lo que aumenta la tolerancia hacia el fraude.
Bruselas cree que el aumento de las provisiones en la banca, combinado con el endurecimiento de las reglas para conceder préstamos, son necesarias para evitar nuevas burbujas de crédito e inmobiliarias como las acontecidas en el Estado español e Irlanda, que a su juicio están «en el corazón de la crisis».
La Comisión Europea sostiene, en un informe difundido por Efe, que la crisis «ha dejado al descubierto los límites de la estructura reguladora y de supervisión actual para lidiar con la debilidades de los balances del sector bancario», mientras que la política monetaria por sí misma «es incapaz de afrontar de manera efectiva» los recalentamientos del mercado inmobiliario y de crédito. Por este motivo, propone una serie de herramientas para evitar futuras burbujas e impone nuevas normas a la relación entre bancos y prestatarios.
En el Estado español, la relación del pasivo respecto a los ingresos disponibles de los bancos «se hinchó en los años anteriores a la crisis», según Bruselas, que recuerda que el sector bancario español ha concentrado sus pérdidas en los préstamos a la construcción e inmobiliarios. A su juicio, estos problemas «se podrían haber evitado con la diversificación de la cartera de préstamos y el aumento de las exigencias relacionadas con la cantidad de ingresos respecto al préstamo».
Por otro lado, el informe de la Comisión investiga también los efectos de la crisis de deuda soberana sobre el sector financiero, que en su opinión han provocado que la recuperación del sector financiero europeo sea «aún más dependiente que antes de la fortaleza de la recuperación económica» general. GARA
