El Consejo de Ministros del Gobierno español acordó ayer proponer que se prorrogue el estado de alarma hasta el 15 de enero para garantizar que «todo vuelve a ser exactamente igual que antes del 3 de diciembre», día del plante de los controladores. De esta forma, el Ejecutivo quiere salvar las fechas navideñas sin conflictos. Así lo explicó el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo que se reunió de forma extraordinaria en el Congreso de los Diputados, cuyo pleno votará mañana la propuesta del Ejecutivo.

El vicepresidente justificó la prórroga porque los acontecimientos del 3 y el 4 de diciembre y sus consecuencias fueron «gravísimos», por lo que el Gobierno ve oportuno «darse un tiempo», sobre todo teniendo en cuenta que en fechas navideñas muchas personas viajan para visitar a sus familiares. En principio el Gobierno cuenta con el apoyo de CiU, el PNV y CC, aunque todos los grupos pueden proponer modificaciones a la propuesta del Ejecutivo.

Si la propuesta del Gobierno logra el respaldo del Congreso, el Consejo de Ministros aprobará el viernes el decreto de prórroga. Por otro lado, el ministro de Fomento, José Blanco, anunció ayer la liberalización parcial de 13 torres de control que se sacarán a concurso para proveedores distintos a AENA «en las próximas fechas» y a partir de 2012 el resto. En su intervención en la Comisión de Fomento del Congreso el ministro explicó que en una primera etapa en 2011, abrirá a la entrada de empresa privadas las torres de Alicante, Valencia, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Jerez, Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña y Melilla.

El ministro explicó que se han recibido solicitudes de las empresas Ineco, Saerco, ACS, Clece, Geswnaer, Indra y Ferroser (Ferrovial).

Facua denuncia

Por otro lado, Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra los controladores aéreos que abandonaron sus puestos de trabajo y los instigadores del paro que provocó la paralización del tráfico aéreo.

Facua acusa a los controladores de presuntos delitos de sedición, abandono de destino, coacciones contra los intereses turísticos, así como de falsedad documental por parte de médicos que firmaron las bajas.