Ocho ciudadanos vascos más detenidos e incomunicados; decenas de familiares y amigos angustiados por la suerte que sus allegados puedan estar viviendo en las comisarías; euroórdenes aceptadas contra militantes abertzales de Ipar Euskal Herria, con el precedente que instala para una ilegalización encubierta; y buena parte del país preguntándose comprensiblemente hasta cuándo esta dinámica de listas negras, razias contra jóvenes abertzales e ilegalizaciones; si con que una parte no quiera no es suficiente para que la cosa termine, preguntándose si habrá un final justo y políticamente sostenible para un conflicto que genera tantas injusticias.

La previsibilidad y lo rutinario de los hechos no atenúa su gravedad. Que jueces condecorados y pensionados por el Ministerio de Interior español ordenen nuevas operaciones policiales o que la legislación internacional se aplique a la carta contra el independentismo vasco retrata a los estados que trabajan, «sin excepción y sin descanso», en un esquema a corto, de victoriosos y derrotados, con el objetivo de un independentismo fraccionado, aislado y fuera del sistema que justifique mejor su negadora política común. Pero ello no es sinónimo de una posición fuerte y fuertemente persuasiva a ojos de la ciudadanía vasca. Seguramente más tarde de lo deseable pero antes de lo que esperan quienes actúan así, las puertas para las soluciones, hoy cerradas, terminarán abriéndose. Ése es el reto colectivo que va a requerir visión de largo plazo, capacidad de respuesta bien articulada y con amplitud, y mucha serenidad estratégica para desplegar todo el potencial del Acuerdo de Gernika.

El análisis y el convencimiento del independentismo de izquierdas es claro y definitivo: hay que cambiar de tercio. Ésa es la virtualidad de la decisión unilateral para salir de esta relación viciada: depender de uno mismo. Y a pesar de todos los ataques y dificultades de los que el proceso no va a estar exento, todo indica que va a jugar esa carta con seguridad e inteligencia.