«Reclamamos la inmediata libertad de las personas detenidas o, como mal menor, su inmediata puesta a disposición judicial», proclamó ayer a las puertas de la delegación del Gobierno español en Nafarroa la hermana de Izaskun Goñi. Poco antes, responsables de la izquierda abertzale, EA y Aralar habían solicitado reunirse con la delegada del Ejecutivo español, Elma Saiz, para mostrar su temor por el estado de los jóvenes después de las denuncias de graves episodios de tortura que han surgido en las últimas operaciones policiales.

Finalmente, Saiz no recibió a los políticos «por problemas de agenda», aunque sí les aseguró que los arrestados «están bien» tras hacer unas averiguaciones. Esta afirmación no fue suficiente para Xanti Kiroga, que insistió en que esa reunión debe producirse. Concretamente, la delegada participó ayer por la mañana en un acto contra la violencia sexista y, cabe recordar que, seis de los ocho detenidos son mujeres, tres de ellas navarras.

Kiroga solicitó audiencia a la responsable de las actuaciones policiales en Nafarroa, arropado por dos diputados, Maiorga Ramírez (presidente de EA) y Txentxo Jiménez (coordinador de Aralar). Los tres mostraron una enorme preocupación por lo que les pueda ocurrir a los seis jóvenes y los dos abogados mientras dure la incomunicación y, a su vez, manifestaron su apoyo hacia los familiares de los detenidos que también acudieron a las puertas de la Delegación del Gobierno español. Entre ellos se encontraba Mariné Pueyo, concejal de Iruñea, madre de una de las jóvenes.

El comunicado leído por los familiares expone que todos los arrestados «realizaban un trabajo público transparente consecuente con su ideología independentista». La hermana de Izaskun Goñi denunció que los nombres de esas personas «aparecieron en las sesiones de torturas a detenidos» de redadas anteriores, y que el arresto e incomunicación era totalmente innecesario, puesto que varios de ellos ya habían expuesto públicamente su disposición a prestar declaración si el juez lo requería.

Kiroga, por su parte, expresó que su intención era conseguir «garantías» de que esa gente no va a pasar por ninguna situación «anómala» durante la incomunicación. «Hemos de construir una muralla lo suficien- temente fuerte para evitar las agresiones», expuso el concejal de Uharte. Criticó también la actitud que ha tomado el Estado español frente a los pasos «ilusionantes» que se han dado desde la izquierda abertzale. Kiroga aportó cifras: más de 250 detenidos después del encarcelamiento de Arnaldo Otegi y 42 desde que ETA anunciara el alto el fuego. De esas 42, más de la mitad (25) han denunciado graves episodios de tortura, incluidas vejaciones sexuales.

Ramírez calificó estas operaciones policiales como «zarpazos antidemocráticos» del Estado y exigió «la inmediata liberación de los ocho detenidos». A su juicio, el objetivo que ha de primar ahora es «conseguir que los pasos que se han dado desde el mundo abertzale se conviertan en irreversibles» y para ello reclamó «valentía» a Madrid.

Las muestras de cariño hacia los jóvenes arrestados y la denuncia por el operativo se sucedió ayer de forma dispar. En el instituto Askatasuna de Burlata, donde trabaja Oihana López, 48 profesores y trabajadores del centro suscribieron una manifiesto donde exigen el fin de la incomunicación. Similar es el mensaje que han emitido el grupo de trabajo para la socialización del Acuerdo de Gernika del barrio iruindarra de Donibane en el que se solidarizan con su vecina Garazi Autor.

Por la tarde, 160 personas se manifestaron en Atarrabia en denuncia de este operativo policial, 33 lo hicieron en Orio, 55 en Elgoibar y 175 fueron los que se manifestaron en Durango.