Askatasuna y Batasuna alzaron ayer su voz contra la decisión de los tribunales franceses de entregar por vez primera a una militante de la izquierda abertzale -Aurore Martin- por hacer política. Sin embargo, la inédita medida ha levantado ampollas en todo tipo de entornos políticos, incluidos los más inequívocamente franceses. No entienden ni que se vaya a entregar a otro estado a una persona con nacionalidad francesa ni que se haga por una imputación exclusivamente política.

De modo inesperado, el Consejo General de Pau se convirtió en un foro de protesta unánime contra esta decisión. En la sesión que se celebraba ayer, portavoces de los tres principales grupos políticos del Departamento de Pirineos Atlánticos -UMP, Modem y PS- se alinearon claramente en contra de esta euroorden.

Horas después de que la Corte de Casación de París avalara la luz verde dada en primera instancia por el Tribunal de Pau, el máximo responsable de UMP, Max Brisson, decidió tomar la palabra para declararse «totalmente conmovido» por el fallo.

«No comparto las propuestas de Batasuna, pero no puedo aceptar que se extradite a una ciudadana francesa», añadió Brisson, que rompía además así el silencio mantenido hasta ahora por la dirección de esta formación de derechas. Hay que recordar que Brisson es el máximo responsable también para Euskal Herria de UMP, el partido de Nicolas Sarkozy.

Al Gobierno francés le corresponde ahora firmar el decreto final que pondría a Aurore Martin en manos de los tribunales españoles. Es el último trámite pendiente tras la decisión de los jueces parisinos.

Opiniones coincidentes

Las palabras de Max Brisson motivaron que otros consejeros tomaran la palabra para posicionarse en el mismo sentido. Uno de ellos fue el máximo dirigente del Consejo General de Pau, Jean Castaings.

La decisión de París también resulta censurable para Jean Lassalle, diputado francés y miembro de la dirección estatal de Modem, así como para su compañero de partido Jean-Jacques Lasserre, vicepresidente del Consejo General de Pirineos Atlánticos.

Por parte del PS, que anteriormente ya se había mostrado muy crítico con este caso, tomaron la palabra el ex alcalde de Hendaia Kotte Ezenarro y los también consejeros Guy Mondorge y Christophe Martin. Y otro tanto hizo el electo abertzale y alcalde de Hiriburu, Alain Hiriart.

De entre todas estas posiciones, la de UMP fue la que más sorpresa provocó, dado que hasta ahora todos sus dirigentes se habían limitado a expresar su respeto por las decisiones judiciales. Éste ha sido, por ejemplo, el criterio fijado verbalmente por la ministra de Defensa, Michele Alliot-Marie. Sin embargo, Max Brisson matizó ayer que «normalmente no expreso mis opiniones sobre cuestiones judiciales, pero quiero decir que no puedo aceptar que se pueda expulsar a alguien que tiene la ciudadanía francesa».

Otros consejeros de la derecha que intervinieron en el Consejo para dejar clara su posición contraria fueron Pepela Mirande, Mixel Arhanzet y Monique Larrange Lange. Tras el dictamen del Tribunal de Pau, en Ipar Euskal Herria ya se había constatado un importante rechazo a esta ofensiva iniciada por Madrid y asumida aparentemente por París, pero tras el dictamen de la Corte de Casación el malestar ha crecido y se ha instalado también en Pau. En cualquier caso, Askatasuna recordó que la hora de las palabras ya ha pasado dado que hay un dictamen judicial firme, y es hora de hechos.

Agentes abertzales

En cuanto a las formaciones abertzales, AB emitió una nota en la que califica el fallo de la Corte de Casación como «escandaloso y provocador», además de «deleznable».

Tras ello, lanza una pregunta «al Estado francés que tantas veces se ha definido a sí mismo como `refugio de los derechos humanos': ¿Hasta dónde tiene intención de llegar en este peligroso camino de represión política? ¿Qué objetivo esconde una decisión de este tipo?».

AB se dirigió también a la «clase política de Ipar Euskal Herria», a la que indicó que «le llegará también la hora de rendir cuentas, quizás antes de lo que cree, al igual que a AB».

Recuerda además que esta ofensiva se inicia cuando Batasuna está tomando «decisiones valientes y unilaterales», por lo que recalcó que esta iniciativa debe entenderse como una «escalada de provocación». Junto a todo ello, no olvidó expresar su solidaridad a Aurore Martin.

Las formaciones políticas de Hego Euskal Herria, por contra, no valoraron la decisión. El PNB se queda además como la única voz discordante ya que, a excepción de algunos electos, como partido no ha rechazado la euroentrega de Martin.

Para Euskal Laborarien Batasuna (ELB), la entrega de Martin es «un primer paso preocupante para nuestras libertades». Consideró «inadmisible» la decisión de la Corte de Casación de París y recordó al Ejecutivo de Sarkozy que está colaborando con Madrid para «castigar duramente una actividad política plenamente legal en el Estado francés». Recordó, en la nota emitida, que la pluralidad política, «además de enriquecedora, es la base de la democracia».