Dicen que los presupuestos son un reflejo de la ideología de sus elaboradores y más en tiempos de crisis. Viendo los presupuestos de UPN para la sanidad navarra del año 2011 podemos deducir que nos gobiernan políticos sumisos a las prácticas neoliberales exigidas por las grandes corporaciones y al actual sistema socioeconómico. Unos políticos que siguen empeñados en continuar recorriendo los senderos que nos han conducido a la actual crisis.

Los 974 millones de euros presupuestados para sanidad en el año 2011 suponen una disminución del 1,4 % respecto al año 2010. Se reducen las partidas destinadas a Atención Primaria de Salud (-6, 7%), Salud Mental (-7,5%) y Salud Pública (-14,6%). También las utilizadas para subvencionar planes municipales para atención a drogodependencias, promoción de salud y Salud Laboral, cada una de ellas en un 11%. Por último el gasto de personal lo hace en un -2,5% lo cual va a repercutir negativamente en la calidad de los servicios prestados. No se sustituirá la plantilla de baja o vacaciones ni se van a efectuar necesarias nuevas contrataciones.

Dentro de este descenso generalizado de recursos sorprende el aumento de las partidas de gasto habilitadas para financiar centros y entidades privadas tanto de asistencia especializada (7,2 %), como dentistas (8,6%) como centros de salud mental (18,3%). Se incrementa también el gasto hospitalario (2,5%) mayormente destinado a realizar grandes obras de remodelación y construir centros especializados de elevado coste de dudosa necesidad y no a prestar más o mejores servicios. También se incrementa el dinero destinado a pagar horas extras (45,2%) como fórmula para hacer frente a las listas de espera lo que se añade a la actual gestión de maquillaje de las mismas. Los gastos destinados a la industria farmacéutica también se incrementan aunque su dispersión y cambios de codificación en los presupuestos pretenden velar este aumento.

Entre las curiosidades podemos destacar que el convenio para que la Clínica Universitaria del Opus atienda sanitariamente a su personal aumenta el 8,5%. Sorprende que la CUN se quede con las cotizaciones a la Seguridad Social para la asistencia sanitaria de su plantilla y además se le pague por la misma actividad desde los impuestos navarros. Se mantienen partidas de algo más de 125.000 euros para garantizar la asistencia religiosa, católica, a enfermos que se embolsa el Arzobispado de Pamplona. Para redondear este capítulo de despropósitos se eliminan las partidas destinadas a posibilitar las sustituciones por euskaldunización del personal de todos los ámbitos sanitarios.

Estos presupuestos pretenden avanzar en la desaparición del sistema público de salud navarro que ha sido referente en determinados aspectos positivos en épocas anteriores. Se refuerza la primacía de la atención hospitalaria frente a la primaria, se renuncia a la integración de la investigación en el quehacer cotidiano de los servicios, se debilitan hasta el extremo los recursos de educación para la salud en materia sexual, se desconsidera las actividades de cientos de asociaciones sin ánimo de lucro y de autoayuda que trabajan en promoción de salud etc.

El efecto más temprano del hacer presupuestario de nuestros gestores va a ser el de garantizar el mantenimiento del deterioro de la calidad del Sistema Sanitario Público de los últimos años.

Para ello se restringen medios humanos, se impulsan y avalan iniciativas investigadoras ajenas mientras disminuyen escandalosamente las partidas del Sistema Público destinadas a esta materia básico, se limitan los medios para atención primaria mientras la industria electromédica se beneficia del desarrollo de centros especializados innecesarios y las necesidades de salud pública, de salud laboral, de salud mental o de salud buco dental sólo se atienden en tanto en cuanto puedan ser fuente de negocio privado.

Podemos concluir que estos presupuestos constituyen en si una aplicación de políticas neoliberales, políticas que descapitalizan al Sistema Público de Salud utilizando los recursos públicos en el fortalecimiento de las entidades privadas que entienden las necesidades de salud de lapoblación como una fuente de beneficio económico de una minoría.

Desde nuestra Plataforma animamos las y los profesionales, empleadas y empleados del Sistema Sanitario Público y a la población en general a manifestar su rechazo a estos presupuestos en los foros que considere oportunos y a reclamar el derecho a unos servicios sanitarios públicos de calidad. Para eso pagamos nuestros impuestos.