El arresto de los letrados Haizea Ziluaga y Haritz Escudero, junto a seis jóvenes independentistas, confirma la obsesión del Gobierno español hacia los abogados de presos políticos vascos. Un empeño que pretende mermar la asistencia jurídica que ofrecen a los represaliados y acallar la labor de denuncia que desempeñan ante la sociedad.
El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, y el presidente del Senado español, Javier Rojo, descartaron cualquier movimiento del Gobierno español ante el proceso abierto en Euskal Herria. Por su parte, Rodolfo Ares instó a dejar de especular sobre un nuevo comunicado de ETA.
Aunque la Ley de Memoria Histórica fue aprobada hace tres años, el arzobispo de Iruñea, Francisco Pérez, todavía sigue manteniendo símbolos y referencias franquistas en iglesias de Nafarroa. Ni siquiera ha respondido a las peticiones que recibió el año pasado para suprimir esos símbolos.
