Pese a encontrarse ahora en la diana informativa, la detención de letrados que asisten a presos y represaliados políticos vascos no es un hecho novedoso en Euskal Herria. En 1990 fue arrestado Jose Mari Elosua y dos años después se produjo el arresto de Álvaro Reizabal. Después vendrían los de Arantza Zulueta, Txema Matanzas... En total han sido una quincena los abogados de represaliados políticos vascos arrestados en las últimas dos décadas.

Cinco de estas detenciones han tenido lugar en los últimos ocho meses, lo que ha hecho encender todas las alarmas entre este colectivo. Más allá del dato cuantitativo, los últimos operativos contra estos juristas esconden algunas novedades «alarmantes» que han querido resaltar a GARA los abogados Amaia Izko, Arantxi Aparicio e Iker Urbina.

A diferencia de las operaciones policiales realizadas hace dos décadas, la navarra Amaia Izko considera que en las últimas actuaciones «se habla sin pudores» de una actuación en bloque contra los abogados de represaliados políticos. En este contexto, destaca que los primeros operativos contra abogados eran personalizados y que a los arrestados entonces se les atribuían delitos concretos. Hecho que cambia con el operativo policial y mediático del pasado mes de abril, cuando la Guardia Civil arrestaba a los letrados Jon Enparantza, Arantza Zulueta e Iker Sarriegi y procedía a registrar los despachos de éstos en Hernani y Bilbo. Con esta operación se hace, según comenta Izko, «un esfuerzo ingente» desde las estructuras del Estado español por criminalizar al conjunto de los abogado. Y recuerda cómo los medios de comunicación tacharon a los letrados detenidos de «correos de ETA», de «encargados de cobrar el impuesto revolucionario»... entre otras «perlas».

Acusaciones peregrinas

A juicio del letrado alavés Iker Urbina, que la capacidad que tiene el Estado español para actuar contra cualquier organización y sector de la sociedad vasca se haya visto agudizada tiene mucho que ver con las últimas redadas. Y cree que esta «espiral represiva absolutamente loca» le ha otorgado al Estado la posibilidad de eliminar a los «testigos incómodos de una realidad que prefieren ocultar», es decir, a los abogados.

Los tres letrados recuerdan que hace un par de años ya tuvieron conocimiento de que todas las comunicaciones que mantenían con sus clientes presos estaban intervenidas. Elemento que fue, incluso, denunciado por el Colegio de Abogados de Bizkaia, que pidió públicamente que se levantara esa intervención.

Transcurrido este tiempo, todas aquellas sospechas han quedado constatadas y creen que los últimos operativos ponen a las claras que son ellos, los abogados, los que se encuentran en la diana de la represión.

Si las consecuencias no fueran tan trágicas, las acusaciones que se vierten sobre los abogados producirían más de una carcajada. «Se nos han endemoniado, nos presentan como una cuadrilla que se junta para delinquir», se queja Izko.

El enfado no es para menos y es que en los últimos meses han sido acusados de querer sacar a los presos de la cárcel pilotando un helicóptero, como le ocurrió al abogado preso Iñako Goioaga; de dirigir el Colectivo de Presos Políticos Vascos, en el caso de Enparantza, Sarriegi y Zulueta; o de reconstruir la organización juvenil Segi, en el caso de Haritz Escudero y Haizea Ziluaga, arrestados el pasado miércoles junto a seis jóvenes independentistas.

Los tres tienen claro que las acusaciones son de un «peregrinaje total» y que el único común denominador es que las personas arrestadas son abogados que asisten a presos y represaliados vascos. «Da igual la acusación, se sacan de la manga lo que les apetece», denuncian.

Más allá de aclarar que son los abogados de presos, por el mero hecho de serlo, el objetivo de esta actuación represiva, advierten de que la operación policial de la pasada semana ha dado una vuelta de tuerca más, buscando criminalizar el trabajo estrictamente profesional que realizan. Esta percepción se basa en que Escudero y Ziluaga han sido acusados de asesorar jurídicamente a jóvenes independentistas que han acudido a ellos para ser representados, «cuando de eso se trata su trabajo», puntualiza Izko.

El asesoramiento jurídico que ofrecen estos letrados ha sido calificado en las últimas semanas de «adoctrinamiento» y «proselitismo» por algunos medios españoles. «Nosotros informamos de cuáles son los derechos ante una detención, damos charlas sobre este tema, y eso ni es adoctrinamiento ni es proselitismo, sólo es el ejercicio de nuestra labor profesional», apostillan.

Según los propios afectados, existe un doble objetivo tras los operativos contra los abogados: «desactivar la defensa y la denuncia que hacen los propios abogados, y actuar, de forma indirecta, contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos».

Más allá de los tribunales

Los tres abogados consultados por este diario consideran que se está asistiendo en los últimos años a «una ofensiva brutal» contra el Colectivo de Presos Políticos. Una estrategia que busca, como confirmaba la propia directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, romper el propio colectivo. Para ello, como recuerda Izko, han limitado las comunicaciones, han aplicado aislamientos férreos...

«Pretenden dejar a los presos sin aire», recalca Urbina, que considera que con ese objetivo «se veta a los presos cualquier elemento que les suponga una ayuda para afrontar el día a día de las cárceles, como es su derecho a la defensa». «Somos nosotras y nosotros quienes representamos la defensa de sus intereses en los tribunales, ante las cárceles, ante los juzgados de vigilancia», puntualiza Aparicio.

El trabajo de estos letrados, sin embargo, no se limita a las instancias judiciales. Ellos son también testigos directos de lo que ocurre habitualmente durante el periodo de incomunicación en dependencias policiales, y de lo que ocurre dentro de las cárceles o en las salas de los tribunales especiales. Y luego informan a la opinión pública, denuncian situaciones absolutamente faltas de base jurídica y democrática de las que son testigo. «Que más quisieran que no existieran los testimonios que hacemos sobre la tortura», apuntaba Izko.

Señalan que realizar la labor que ellos desempeñan es obligación de cualquier abogado, pero son conscientes de que cualquiera no lo hace ni lo haría, porque hacerlo, por ejemplo, puede conllevar una querella, como le ha ocurrido a Alfontso Zenon.

Blanco fácil

En medio de esta campaña de criminalización, los abogados son conscientes de que son un «blanco muy fácil». Urbina detalla que la actividad jurídica que desempeñan da pie a construir, de cara a una opinión pública tan mediatizada como la española, acusaciones más o menos creíbles. No hay que olvidar que su trabajo se basa en defender los intereses de personas de sectores muy criminalizados, como el Colectivo de Presos Políticos o los jóvenes independentistas, entre otros.

Además, con objeto de dañar aún más su imagen, no obvian que los medios de comunicación españoles han intentado «ubicar» a este grupo de abogados en una determinado posición política, concretamente contraria al proceso democrático en Euskal Herria. Una tesis que, como destacan, no tiene ningún tipo de base, ya que como letrados no desarrollan actividad política alguna.

Para Urbina ese argumento que esta siendo esgrimido para atacar a los abogados y a los jóvenes independentistas -a los que los medios también sitúan como contrarios al proceso- es, cuanto menos, «macabro», puesto que sitúan estos arrestos como elementos que podrían favorecer el proceso.

Hablan desde el enfado, desde la indignación, desde la rabia y desde la preocupación de tener en estos momentos a dos compañeros incomunicados en manos de la Policía española. Pero aseguran también que no tienen ninguna intención de quedarse con los brazos cruzados y anuncian una dinámica que buscará el apoyo de más juristas y abogados. «Trasladaremos nuestra preocupación a personas que tengan sentido común, sentido democrático y sentido jurídico para que se enfrenten a esta situación junto con nosotros», adelantan.