Con el posicionamiento del PNB, prácticamente todo el arco político presente en Ipar Euskal Herria ha manifestado, con mayor o menor celeridad y contundencia, su rechazo a que el Estado francés entregue a la militante Aurore Martin a Madrid.

Algunos partidos y agentes sociales lo hacen porque consideran la petición de la Audiencia Nacional como una «experiencia piloto» para posibles entregas futuras, cuyo objetivo no sería otro que el de ilegalizar de facto, primero a la izquierda abertzale y, después, lo que convenga a ambos estados. Otras formaciones, en particular las de ámbito estatal, estiman que su soberanía está siendo mancillada porque no se puede entregar «por razones políticas a una ciudadana francesa a España» aunque sea «un país democrático». Y lo dicen así, con todas las letras, sin reparar en que con su postura ya están aceptando que no lo es.

Podría pensarse que este nuevo capítulo represivo aún no concluido ha hecho tambalear algunos de los pilares bien asentados en muchas mentes de representantes y electos políticos del estado «protector y defensor» de los derechos humanos. En realidad, ha sido el trabajo de denuncia e interpelación permanente el que ha obligado a estos sectores a tomar postura, porque saber, saben cómo y por qué se las juega París en Ipar Euskal Herria.

Eso sí. Lo que todos han entendido es la legitimidad de Martin para sustraerse a lo que jamás podrá calificarse como una decisión justa.