Aurore Martin ya no se presentará en la Gendarmería de Donibane Garazi como lo hacía diariamente desde que fue puesta en libertad provisional. La militante de Batasuna ha decidido quebrantar las medidas cautelares y optar por esconderse para evitar su entrega a Madrid pero, también y sobre todo, para «defender nuestros derechos civiles y políticos».

En una carta enviada el lunes al anochecer a ``Journal du Pays Basque'', Martin da cuenta de su «indignación, inquietud y temor» pero, también, de su «determinación y voluntad de luchar». Tras exponer varios ejemplos que «demuestran que lo inaceptable es posible» en Euskal Herria, como «las extradiciones, las euroordenes aplicadas a decenas de militantes políticos, la existencia de leyes y tribunales de excepción, la práctica de la tortura, los partidos prohibidos, la desaparición y muerte de Jon Anza...», la militante abertzale arremete contra los principales formaciones políticas francesas y españolas «que, con la complicidad de sus delegaciones locales, permiten y defienden la represión y, en algunos casos, la hacen posible con su silencio culpable».

La mauletarra afincada en Eiheralarre afirma que la decisión del Tribunal de Casación no ha sido una sorpresa: «Desde que fuí arrestada, los dados estaban lanzados. El resto no ha sido más que una puesta en escena, una gran mascarada para llegar a su fin, es decir, a la ilegalización encubierta de Batasuna en el Estado francés», continúa la misiva, asegurando que esta actuación «supone una prueba más de que el Estado francés es un agente directo de primer orden en el conflicto vasco».

Para Aurore Martin, «este nuevo salto represivo se da, además, en un momento en el que la izquierda abertzale multiplica sus esfuerzos en favor de un proceso de resolución del conflicto» y considera que tanto la euroorden en su contra como el mantenimiento de la ilegalización de la izquierda abertzale son «obstáculos para que no se ponga en marcha».

Compromiso intacto

«Todos los agentes del conflictos deben participar con toda normalidad en este proceso», -prosigue-, reclama «la legalización de la izquierda abertzale en todo el territorio vasco y la paralización de las persecuciones judiciales contra ella» y reafirma «el compromiso de Batasuna en favor de un proceso democrático».

La militante abertzale declara no tener intención alguna de «someterse» a las autoridades españolas ni de «facilitar a Francia la ejecución de la euroorden». Manifiesta que desde hace unos días su actividad política «está prohibida en Francia, en España y en Euskal Herria» por lo que no tiene más remedio que «esconderse para poder continuarla». En consecuencia, asegura que no se mostrará públicamente aunque «gracias a un valor que no nos quitarán jamás -el de la solidaridad- y a los numerosos apoyos y amigos» que le han abierto sus puertas, seguirá en Euskal Herria.

La militante agradece «el trabajo realizado» y llama a continuarlo y «a crear las condiciones para resolver el conflicto» antes de terminar con un recuerdo para «los militantes encarcelados o refugiados y sus familias».

Reacciones en cadena

La publicación de la carta aceleró las reacciones que, tras la decisión del Tribunal de Casación, han ido multiplicándose.

Así, el senador Didier Borotra (MoDem) que desde el principio se posicionó contra la euroorden, manifestó ayer que Martin «no tenía ningún motivo para entregarse» y que «espera que las autoridades no pongan demasiado celo en encontrarla» así como que el Estado tome las medidas oportunas «para invalidar la decisión judicial».

El Consejo Regional de Aquitania también aprobó una declaración a iniciativa del grupo centrista Forces Aquitaine en cuya redacción participaron François Maitia (PS) y Alice Leiziagezahar (Europe Ecologie) pidiendo al Primer Ministro que no se ejecute la extradición.

Siete eurodiputados franceses, una flamenca, una irlandesa, una sueca, una letona y un belga también han manifestado que aceptar esta euroorden sería «comprometer el clima de serenidad que se está gestando» en Euskal Herria y que, en caso de hacerlo, «los estados español y francés deberán asumir su parte de responsabilidadad».

A media tarde, el PNB, el único partido que no había hecho pública su posición hasta ahora porque no deseaba que se le «mezclase con un movimiento que relativiza la defensa de los derechos humanos», mostró su rechazo a que se aplique la euroorden a Martin recordando que ese procedimiento «no debe ser utilizado incorrectamente por meras razones políticas».