El Gobierno de Lakua aprobó ayer el Proyecto de Ley de Garantía de Ingreso y la gestión de ayudas sociales como la Renta de Garantías y el complemento de vivienda pasará a Lanbide. En la presentación del texto, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, se refirió a la propuesta de retirar la RGI a 6.200 familias, que justificó con la apuesta por cerrar las «rendijas» a las irregularidades. Llama la atención ese afán por cerrar «rendijas» por las que se pueda colar el fraude a mínima escala, lo que se traduce en un recorte de prestaciones a quienes menos tienen, mientras que los grandes defraudadores disponen de cómodos agujeros que las administraciones fingen no ver e incluso amplían. La desproporción entre lo que Lakua recaudará tapando «rendijas» (300 millones) y lo que recaudaría cerrando «agujeros» (10.000 millones) es abismal, y retrata la política de ese Gobierno. Ayer la plaza de Zabalburu, en Bilbo, fue escenario de momentos de gran tensión cuando numerosos perceptores de la RGI a los que se les ha comunicado la retirada de ese ingreso -en muchos casos el único que perciben- acudieron a pedir explicaciones y mostrar su protesta. Muchos de ellos, además, cumplen los requisitos para recibir esa ayuda. Las consecuencias de esa medida de Lakua son impredecibles. De momento, es posible que mañana en Bilbo se repita la escena de ayer.