Una noche de octubre de 1983, un coche policial se detuvo ante el Ayuntamiento de Soraluze (entonces no había teléfonos móviles). Según se probaría casi dos décadas después, el entonces teniente Enrique Rodríguez Galindo descolgó el aparato de una oficina del Consistorio y marcó el número del gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga. Quería informar a su superior político de que tenía «buenas noticias. Han caído dos peces en Francia, y se los traen para acá». El resto es conocido. Joxean Lasa y Joxi Zabala fueron muertos y enterrados, probablemente tras sufrir gravísimas torturas imposibles de probar debido a los efectos de la cal viva sobre sus cadáveres. La cadena de mando quedó definida, al menos en parte. Tanto Galindo como Elgorriaga, y otros agentes a sus órdenes, fueron condenados en 2001.

En aquel año tan lejano se produjo también la última sentencia condenatoria hasta ahora por torturas a ciudadanos vascos -vecinos de Zornotza-. Todo ello define bien la dificultad, casi imposibilidad, de llegar a lograr sentencias que reconozcan esta práctica. La red funciona. El fallo del «caso Portu-Sarasola» la rompe por una vez: relata minuciosamente los hechos ocurridos en Arrasate y dicta penas de cárcel. Pero no logra penetrar en el núcleo de decisión de la práctica de la tortura. Se ha esclarecido un caso, no un sistema.

¿Hubo un Galindo y un Elgorriaga en Arrasate? ¿O fueron acaso unos simples guardias civiles, sin telefonear ni encomendarse a nadie, quienes se sintieron plenamente legitimados para llevarse a sus «dos peces» al monte y golpearlos con saña? ¿Cuál de las dos opciones es más demoledora para un gobierno, para un Estado como el español?