Alfonso Porres acaba de visitar Euskal Herria, de la mano de Mugarik Gabe, para presentar el documental «La isla».

¿Qué cuenta en su documental «La isla»?

Son unos archivos que se encontraron hace cinco años a partir de una explosión que hubo en el fortín militar de Mariscal Zavala. Se supone que en esa base se destruyeron los archivos. Hubo gente que denunció que existía un segundo arsenal y que posiblemente explotaría. La Oficina de Derechos Humanos envió al historiador Liberto Cifuentes, que descubrió el archivo de la Policía Nacional que tiene cien años de historia, hasta que se disolvió el cuerpo en 1996 como consecuencia de los Acuerdos de Paz. Se encuentran 20 millones de folios de material, que son ocho kilómetros lineales de documentos. Sobre todo, contienen información de la llamada desaparición forzada: el nombre de las personas desaparecidas, el seguimiento que les dio la Policía y la manera en la que insinúan su tortura y desaparición. Pertenecemos a una institución que se llama Luciérnaga y que trabaja en la recuperación de la memoria visual de la historia inmediata. Comenzamos a hacerlo porque nos dimos cuenta de que los canales de televisión, tanto públicos como privados, están borrando los archivos. Un noticiero con 25 años de experiencia como Teleprensa no tenía nada. Iniciamos un proceso de recuperación con gente que había pasado por el país, como corresponsales de guerra, y logramos rescatar unas 200 películas. Esa es la base de «La isla». Para la historia de Guatemala es un acontecimiento. Anteriormente, hubo dos comisiones para la recuperación de la memoria histórica por parte de la Iglesia católica y de la Comisión de la Verdad de la ONU, pero el Estado nunca les dio acceso a los archivos, diciendo que no los tenía. Ahora surgen estos archivos después de la firma de la paz y es un acontecimiento.

El hallazgo de estos archivos deja en evidencia por tanto la falta de colaboración del Estado en la tarea de recuperación de la memoria histórica en Guatemala.

El Ejército, en la actualidad, sigue diciendo que no tiene archivos. Pero hay gente de EEUU vinculada a la defensa de los derechos humanos que ha descubierto diarios militares en los que se informa de las ejecuciones que hizo el Ejército de Guatemala. Existen documentos que en su momento manejó la CIA, como el denominado Plan Sofía, que plantea claramente las estrategias y los operativos de guerra del Ejército de Guatemala contra la población civil. Todos estos documentos han ido surgiendo a la luz después de que se creara la Comisión de la Verdad.

Todo ello confirma que no existió una voluntad por parte de las instituciones de sacar a la luz la verdad antes del proceso de paz.

De hecho, los Acuerdos de Paz no se han cumplido en la mayoría de los casos. Se han cumplido cuestiones muy puntuales, muy coyunturales. Pero no las cuestiones relacionadas con la población indígena, a la que se había prometido respeto a su territorio, a su idioma, a su forma de vida. Hoy por hoy, las poblaciones indígenas sufren el acoso de la minería, de las hidroeléctricas, de las multinacionales. Por tanto, los Acuerdos fueron más una negociación en beneficio de sectores empresariales. Este tipo de acciones del Estado contra su población se siguen repitiendo. Ahorita existe el manto de impunidad. Hay nuevas dinámicas y nuevos procesos que permiten ver que hay un Estado paralelo que actúa contra la población indígena y los movimientos sociales. La colaboración del Estado en su momento fue, por tanto, muy negativa. Por la presión de la sociedad civil ha tenido que ir cediendo en casos como el del archivo.

En su trabajo queda en evidencia la importancia que tiene la memoria histórica para la evolución futura del país.

De hecho, nosotros trabajamos mucho hacia dentro, hacia Guatemala, ante la necesidad que hay de conocer la historia del país. Sobre todo entre los jóvenes, que están desvinculados de lo que sucedió hace apenas quince años. Jóvenes que tienen ahora 18 o 20 años no tienen esa conciencia. Para presentar el documental montamos un festival a favor de la memoria, la verdad y la justicia. Accedimos al Teatro Nacional, que tiene 2.800 butacas. Y se llenaron durante cuatro días las 2.800 butacas. Desde que se presentó el documental se hicieron unas cien sesiones y los amigos piratas también han contribuido a difundirlo. No han faltado problemas, como la amenaza de bomba en el Teatro Nacional. Otro día nos cortaron la luz y tuvimos que recurrir a un generador eléctrico. El documental muestra la implicación de gente que sigue teniendo puestos públicos.